Vacunas de Estado

Provincianismo, altruismo o lo que sea, pero ¿no es irresponsable tener al Presidente de la República de cualquier país y de cualquier edad sin su respectiva vacuna? Es una sencilla cuestión de Estado. Extensible, incluso, a otros altos cargos de vital importancia, como los ministros y directores de entidades. Sabemos que, por las características de su trabajo, los altos funcionarios están más expuestos a contagiarse que cualquier otra persona y el listado en Colombia lo demuestra: la Vicepresidenta, algunos ministros, gobernadores y alcaldes han arrojado positivo.

Al término de la pasada Cumbre de Gobernadores, en el municipio de Puerto Gaitán -con la participación del presidente de la República, Iván Duque, y su vicepresidenta-, los mandatarios regionales del Valle y del Quindío confirmaron después ser portadores del virus.

Duque ya había tenido que hacerse la prueba tras una reunión presencial con el alcalde de Popayán y también asistió en Washington a una conferencia del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (Aipac) tras la cual se confirmó que una persona dio positivo por la enfermedad. Así que la exposición es alta y las probabilidades de encontrarse con el virus igual.

El excesivo celo con el que vemos las cuestiones públicas y a sus funcionarios nos ha llevado al extremo de que los políticos teman que se les acuse de “saltarse la fila” y prefieran exponer más su salud que su popularidad.

Por eso, tiene sentido el titular de la revista Semana que le pide al presidente Duque que se vacune, como lo han hecho gobernantes de todo el mundo.

Otra cosa diferente es hacer trampa o desinformar. En Perú, varios altos funcionarios de gobierno abusaron de “un ensayo clínico” para vacunarse contra el coronavirus mucho antes que la mayoría de la población y que incluyó al expresidente Martín Vizcarra y su esposa. La transparencia también es importante.

Vacunarse es un asunto de responsabilidad y todo lo que pueda hacerse para que todos estemos inmunizados debe ser una prioridad. De ahí que resulta de fundamental importancia el decreto emitido por el Gobierno para que el sector privado pueda adquirir vacunas, ayude a la inmunización nacional, vacune a sus trabajadores, a sus familias, sin costo alguno, y así tendríamos a más colombianos productivos y menos personas confinadas aguardando su turno. Si bien el marco conceptual del decreto es correcto y es generoso su alcance, hay detalles que merecen un segundo análisis, como el concepto de indemnidad, un punto neurálgico porque se refiere a las responsabilidades que deben asumirse en caso de que haya reclamaciones. Una cosa es querer ayudar y otra meterse en problemas por hacerlo.

Por otro lado, para avanzar en la posibilidad de que las empresas puedan reforzar la vacunación hay que otorgar los permisos de importación correspondientes y estar atentos a la disponibilidad del producto. Si no se gestionan estos asuntos tampoco será factible que los empresarios puedan echar una mano.

Así que, presidente Duque, señores ministros y demás altos funcionarios, 1.000 o 5.000 vacunas que se usen para inmunizar la administración del Estado no le va a quitar a nadie su derecho a obtener la vacuna, y si a esto le sumamos la posibilidad de que el sector privado refuerce el plan de vacunación, menos aún se tendría este problema. Es apenas un tema de sensatez y responsabilidad.