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Esta es la pregunta que se hacen muchos usuarios al notar un aumento en barreras de acceso a sus servicios de salud, como demoras en asignación de citas, atención en servicio de urgencias, y escasez de algunos medicamentos e insumos médicos.
En Colombia, el derecho a la salud se fortaleció con la Sentencia T-760 de 2008, que le otorgó carácter de derecho humano fundamental. La Ley Estatutaria de Salud de 2015 también define las responsabilidades del Estado para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, financiados de manera sostenible
Un grupo independiente de expertos académicos economistas de la salud, con amplia experiencia en el sistema colombiano, encontró que este atraviesa una grave crisis financiera, generado principalmente por un mal cálculo en la asignación de recursos.
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el mecanismo mediante el cual el Estado financia a las EPS para que cubran la atención médica de sus afiliados. Anualmente, MinSalud calcula el aumento de la UPC para garantizar que los recursos sean suficientes para cubrir los costos de atención. Según este equipo independiente, hubo un error en el cálculo del incremento de la UPC para 2022, puesto que el ajuste no reflejó correctamente la inflación (13,12%, la más alta en los últimos 20 años) y el aumento de la demanda de servicios tras el covid, lo que generó un déficit de $3,6 billones.
El problema se agravó en 2023 y 2024, con faltantes de $3,5 billones y $4,7 billones, respectivamente. Por lo que se requiere un ajuste total de $11,9 billones.
El déficit en la UPC ha tenido repercusiones directas en los servicios ofrecidos a los afiliados. Las quejas y reclamos hacia el sistema de salud aumentaron 13,3% entre 2023 y 2024. En este contexto, se hace urgente que el Gobierno ajuste la financiación del sistema y asegure que la UPC sea suficiente para cubrir las necesidades de salud de la población colombiana, pues estas repercusiones, irían en aumento.
El estudio también destaca que la raíz del problema radica en los cálculos erróneos de la UPC, que no han considerado factores como el envejecimiento de la población ni la evolución de la demanda de servicios médicos
Por otro lado, frente a la reforma de la salud, no ven recomendable emprenderla sobre la base de un sistema desfinanciado, puesto que si surgiesen problemas, sería muy difícil identificar si estos se darían por una condición inicial defectuosa o por un mal diseño y se dificultaría evaluar las modificaciones que se introduzcan al sistema.
El grupo de expertos también envió comunicado a la Corte Constitucional, explicando técnicamente la desfinanciación de la UPC y haciendo un llamado para que el sistema sea financiado adecuadamente y que no se vea comprometida la prestación del servicio a los colombianos.
