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A través de instrumentos de política pública como el impuesto al carbono y los bancos de hábitat, Colombia se ha puesto a la vanguardia de las nuevas economías de activos ambientales con la producción de créditos de carbono y los créditos de biodiversidad. Los dos son instrumentos que buscan neutralizar impactos en el ambiente y que fomentan la protección de los ecosistemas con inversión privada bajo el principio de pago por resultados. El mercado de créditos de carbono, ya existe y el de créditos de biodiversidad se está formando.
El origen de los créditos de biodiversidad está en los bancos de hábitat. En otros países este mercado ya alcanza US$8 billones, cifra que permite prever que en Colombia existe la posibilidad de movilizar miles de millones de pesos hacia economías rurales y ecosistemas altamente fraccionados y frágiles, que no son atractivas para el mercado de carbono, pero que son determinantes para la adaptación al cambio climático, la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones rurales, y para la protección de un importante número de especies amenazadas.
Pero ¿Qué es un banco de hábitat? Son áreas en donde se hacen inversiones para mejorar y proteger la biodiversidad a través de acciones como la conservación y la restauración de ecosistemas vulnerables. Cada hectárea gestionada se convierte en un crédito de biodiversidad el cual puede ser comprado, por una única vez, por las empresas que por ley hacen su compensación por afectar la naturaleza. Cada crédito representa treinta años de manejo y abre oportunidades de empleo rural y de desarrollo sostenible para las comunidades. En Colombia hay dos bancos de hábitat registrados ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: uno de 600 hectáreas en los Llanos Orientales al sur oriente del país, y otro de 300 hectáreas en los Bosques de Niebla de Antioquia en el noreste del territorio nacional.
En el caso colombiano, por ley, cada hectárea afectada por una empresa en un ecosistema, debe compensarse con mínimo dos hectáreas y en algunas circunstancias debe compensarse hasta diez veces. Así mismo, las empresas que extraigan agua de cualquier fuente y que requieran de licencia ambiental, deben invertir 1% de sus costos en proyectos de conservación y restauración de cuencas. En ambos casos se pueden cumplir las obligaciones comprando créditos de biodiversidad.
Estos créditos de biodiversidad también están disponibles para las personas o para las empresas con alto compromiso social y ambiental que buscan contribuir a la conservación. De esta manera, los créditos de biodiversidad se convierten en tangibles que podemos conectar emocionalmente. Por ejemplo, cuando vemos imágenes de bosques talados, quemados o hectáreas arrasadas por la minería ilegal, sentimos un profundo deseo de actuar e intentar mitigar ese daño. Apuestas como conservar metros, kilómetros o hectáreas de ecosistemas naturales son una alternativa real para reversar ese daño.
Estas economías requieren de políticas públicas e instituciones para dinamizarlas, pero es el sector privado quien las pone en funcionamiento ya que es el que estructura, desarrolla, registra, implementa, vende y compra los créditos.
Para materializar las oportunidades que los activos ambientales traen, necesitamos una institucionalidad ambiental que habilite de estas economías y que creen condiciones para hacer realidad esta fórmula y que brinde confianza al sector privado y le de capacidades a las comunidades y los operadores de los proyectos.
Las nuevas dinámicas de la economía han llegado para quedarse, no podemos dejar pasar esta oportunidad que seguro traerá réditos para el país más allá de lo dimensionado, y pondrá a los territorios más biodiversos del mundo en el foco gracias a proyectos locales, exitosos y de impacto global.