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Suspicacia, inquietud, rechazo e indignación, todo eso genera la disposición del gobierno de sentarse a dialogar con Iván Márquez. El mismo que el 18 de octubre de 2012 en Oslo estuvo instalando la mesa de conversaciones - abrazado a Jesús Santrich y secundándolo en el más infortunado “quizás, quizás, quizás-, quién fungió como jefe del equipo negociador de la guerrilla y quien diseñó y aprobó cada coma del acuerdo firmado en 2016. Para muchos el documento de 310 páginas significó una alta cuota de impunidad a cambio de la Paz.
Fueron demasiadas concesiones, pero a cambio nos ofrecían desarticular una guerra de cinco décadas. Sin embargo, hoy nos dicen que nada fue demasiado y que la guerra es insuficiente. Iván Márquez pide “una nueva oportunidad”. No está claro cómo será, si se trata del diseño de otra justicia transicional, si se podría acoger al proceso de paz que empieza a perfilarse con el ELN, o si habrá alguna modificación constitucional para que la Nueva Marquetalia entre a la JEP. En cualquiera de los casos significa un portazo para quienes en su momento, y pese a las dificultades, firmaron el acuerdo y siguen desmovilizados.
Y esta no es, como muchos apuntan, una segunda oportunidad, en realidad es la cuarta. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición contempló la primera, la segunda y la tercera: la primera, era acogerse al generoso acuerdo de paz que incluso les dio curules en el Congreso a cambio de verdad y reconocimiento de crímenes -por cierto una curul era para Márquez, aunque él nunca se posesionó y optó por rearmarse-. La segunda oportunidad era para todos aquellos que aceptaran tardíamente la verdad; en ese caso las condenas son de entre cinco y ocho años de cárcel. La tercera oportunidad es el escenario más duro en el modelo transicional, pero más laxo que cualquiera por fuera del sistema: una sanción de hasta 20 años de cárcel si no aportaban a la verdad, esto es la mitad de las cuentas en condenas vigentes de hasta 40 años por secuestró, desaparición, reclutamiento y cualquier tipo de crímenes de lesa humanidad.
Lo que definitivamente está por fuera de las 310 páginas del acuerdo es que uno de los firmantes siguiera delinquiendo. En ese caso se perdía cualquier beneficio y era expulsado para seguir con un sometimiento a la justicia ordinaria, al imperio de la ley y la autoridad. Hoy quieren volver a escribir la historia, el mismo acuerdo que diseñó Ivan Márquez a su medida sería modificado para que él pueda reingresar a un sistema integral de verdad, justicia, ¿e impunidad? Y entonces, ¿qué más, aparte de lo ya negociado, querrá la Segunda Marquetalia en una nueva negociación? ¿Cuáles serán las nuevas pretensiones, además de todas las pactadas como levantamiento de órdenes de captura, órdenes de extradición e incluso participación política?
Si no nos ponemos serios con lo que es el Estado de Derecho y el derecho de las cosas nos van a seguir, perdón la expresión, “mamando gallo” con la primera, la segunda y la tercera oportunidad. Al final lo que termina por abrirse paso es una especie de justicia individual o anarquía colectiva que enfrente a quienes se creen con derechos ancestrales u oportunidades ilimitadas y a quienes legítimamente tienen un derecho consagrado en la Constitución y la ley.