Los dueños de las calles

Tendré que arrancar esta columna por decir que la calle es de todos sin importar su sexo, raza, edad o filiación política; es de los estudiantes sin créditos del Icetex, de las familias sin subsidios de vivienda, de los adultos mayores sin medicinas para sobrevivir, de los desplazados despojados de toda dignidad, de los comerciantes extorsionados, de los indígenas confinados por confrontaciones, de las madres que pelean con sus garras para que sus hijos no sean reclutados, de las mujeres abusadas, de las esposas de militares caídos en combate... Sí, la calle es de todos, menos del Gobierno de turno.

Por eso escribo estas líneas aun sin haber culminado la jornada de protestas del 18M. No importa su resultado. Mi reflexión es sobre la convocatoria y sobre la desnaturalización que hay alrededor ellas.

Ojo, no podemos permitirnos que el Gobierno se abrogue una victoria o una derrota sobre algo que no le pertenece. Es momento de reiterar que las protestas y la movilización social son justamente una herramienta para demostrar el descontento con el poder, no una estrategia gubernamental para presionar a otro órgano o institución, llámese Congreso, Cortes, empresarios o medios de comunicación. No podemos aceptar la paradoja de que el mismo Presidente, quien tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad y el orden, llame a la paralización de nuestro país. Esto no es una muestra de fortaleza política, sino un signo de incapacidad para gobernar dentro de los límites que impone la democracia.

Además, seamos claros, las movilizaciones organizadas desde la Casa de Nariño no son genuinas expresiones populares, acá hay varias personas marchando desinformadas, otras haciendo parte del movimiento de la masa y muchas más, me temo que la mayoría, coaccionadas, presionadas o bajo el chantaje de su empleador. Las manifestaciones, multitudinarias o escasas, terminarán siendo actos de propaganda que dividen la sociedad en bandos irreconciliables, no generan ninguna discusión pública ni sana sobre el rumbo del país, y más bien se alimentan una narrativa de enemigos internos en la que los opositores no son simplemente adversarios políticos, sino obstáculos que deben ser vencidos.

A este paso, atravesamos un momento inquietante de desgaste institucional: al movilizar a la ciudadanía en contra de las decisiones del Congreso, el Presidente no está promoviendo la participación ciudadana, como permanentemente lo reafirma, sino que nos empuja a una crisis de gobernabilidad. Y el riesgo es claro, la democracia deja de ser un sistema de reglas compartidas para convertirse en un terreno donde se miden los poderes ejerciendo la violencia política.

Por favor, es hora de entenderlo: el país no necesita más confrontación, necesita gobernabilidad. Si un Congreso ha rechazado una reforma, el Presidente tiene la opción de volver a presentarla con modificaciones, de buscar mayorías legislativas o incluso de someter la discusión a un debate nacional más amplio. Lo que no puede hacer es empujar a la sociedad a una disputa de fuerzas donde la legitimidad se mide por el número de personas que salen a la calle.

El reto es gobernar no pelear. El reto es articular las instituciones no enfrentarlas. El reto es fortalecer la democracia, no deslegitimar las instituciones. El reto es conducir un país no una marcha.