Década de oro de la infraestructura

Los avances del Gobierno del presidente Duque en infraestructura de transporte, son numerosos. Recibimos el país con dificultades en el sector, en cuanto al avance de obras, cierres financieros, aprobación de licencias y permisos, y, toma de decisiones importantes, al punto que, de los 29 proyectos de 4G solamente seis estaban activos.

Hoy, tenemos 22 proyectos en pleno funcionamiento, los cierres financieros ya suman 18, se han generado 69.862 empleos. Todo ello se refleja claramente en el crecimiento del sector: 13% en el tercer trimestre.

El Gobierno ha generado condiciones para que actores públicos y privados puedan cumplir con sus tareas. El fortalecimiento de las instituciones ha sido fundamental. La nueva Comisión Intersectorial de Infraestructura ha permitido liderar soluciones que debería aportar cada entidad, con un mandato claro y el impulso a iniciación de obras para llevar a las regiones el desarrollo por tantos años aplazado, generando empleo.

Solucionar proyectos, a través de vías institucionales, ha significado seguridad jurídica para concesionarios y financiadores. Con legalidad, la inversión necesariamente debe aumentar. Hay tareas pendientes en materia institucional, como robustecer las entidades que aprueban permisos y licencias ambientales, y organismos que expiden certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas -acatando la Sentencia SU-123/2018 de la Corte Constitucional- en la que trabaja el Gobierno Nacional.

Encontramos una situación fiscal que imponía serias limitaciones en la disponibilidad de recursos para infraestructura de transporte. Pero identificamos reformas requeridas para fortalecer la institucionalidad del sector, desarrollar nuevas fuentes de pago y financiación y titularizar concesiones vigentes.

Garantizar condiciones de mantenimiento de obras a largo plazo, desarrollar el sistema logístico mejorando la competitividad nacional, y la posibilidad de generar atractivos para iniciativas público-privadas que no requieran fondos públicos ni dependan de espacio fiscal. Merece explorarse, desde el punto de vista técnico y jurídico, la utilización del valor residual de concesiones maduras, obras ya construidas en etapa de mantenimiento que producen excedentes de ingresos. El dinero que se genere por concesiones de ese tipo, se utilizaría para pagar la deuda derivada del proyecto e invertir en construcción de otros. Se materializaría esta opción acudiendo a titularización de flujos, emisión de bonos u otorgamiento de garantías, entre otros. Conviene revisar ajustes normativos que se requieren para adecuar competencias de una entidad existente o crear una a la cual se pueda transferir y ella, a su vez, recibir este tipo de activos-proyectos, para titularizarlos en acciones que se vendan en el mercado y generen recursos adicionales o emitir bonos correspondientes.

Estamos estructurando proyectos más cercanos a las comunidades, que aporten no sólo cemento y ladrillos, sino que involucren y atiendan necesidades de poblaciones en área de influencia. Le apostaremos a una nueva generación de concesiones (5G), en la que estamos planteando un porcentaje en inversiones sociales, para conectar no solo transporte, sino mejorar calidad de vida. El Gobierno definió el intermodalismo, objetivo central en temas de transporte, logística y competitividad, consolidando el modo férreo, uno de los eslabones de esta cadena. Podemos decir hoy que tenemos un Gobierno cercano a las regiones, que escucha y atiende sus inquietudes. Las obras muestran avances significativos, lo que, por supuesto genera satisfacción y redobla también nuestro compromiso para no bajar la guardia.

El gran reto es el de luchar contra la corrupción. Es deber ineludible de servidores, pero también de particulares y empresarios, que los recursos que deben destinarse a construcción de proyectos, generación de empleo, incremento de productividad y conectividad, para mejorar las condiciones de vida de los colombianos con justicia y equidad, no terminen en bolsillos de algunos pocos.