MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
En el mundo la participación de las mujeres tiene un gran impacto en la economía, por esto la reflexión que hacemos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que también se enmarca en el compromiso del gobierno de presidente Iván Duque con respecto a generar mejores condiciones para las mujeres y más oportunidades en igualdad de condiciones a las de los hombres en el mundo laboral.
La participación femenina en el mercado laboral en el mundo es de 48,5% y la de los hombres de 75%. No es una cifra que alienta si se tiene en cuenta, además, que estudios como el realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado Tendencias del Empleo Femenino 2018, indican que las mujeres no solo tienen menos probabilidades que los hombres de participar en la fuerza de trabajo, sino que, cuando lo hacen, tienen más probabilidades de estar desamparadas legalmente.
En los países de economías emergentes, como Colombia, la situación se presenta de otra manera producto de la necesidad económica de tener empleo por los niveles de pobreza y por la falta de protección social: Las mujeres tienen una participación de 69,3%.
Es cierto que en Colombia han existido herramientas para ayudar a cerrar algunas de estas brechas, como la llamada Ley de cuotas. Sin embargo, aún hoy, las mujeres participan menos tanto de la fuerza laboral como de los escenarios políticos; además reciben menores salarios y tienen una escasa protección social.
Frente a esta situación, nos corresponde trabajar desde diferentes frentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a todas las mujeres del país. Para lograrlo, es necesario remover obstáculos estructurales que ponen a las mujeres y las niñas en desventaja para el disfrute de sus derechos y el logro de la igualdad de género.
Me refiero a que el empoderamiento es esencial si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hace tan solo unos días discutimos en un gran foro con mujeres en la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (Oiss) cuál debe ser el aporte de las mujeres a la Agenda 2030 en el cual participaron homologas de otros países de Iberoamérica.
Estamos convencidas de que para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas (Objetivo 5) de todo el mundo, es necesario articular los demás objetivos y metas. Por ejemplo: poner fin a la pobreza en todas sus formas (Objetivo 1), poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible (Objetivo 2), lograr el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos (Objetivo 8) y adoptar medidas para combatir el cambio climático (Objetivo 13).
Por esto, firmamos el Pacto por la Autonomía Económica de las Mujeres con las Vicepresidentas de Costa Rica, Panamá y República Dominicana y con el Vicepresidente de Guatemala. Un pacto para desarrollar mecanismos que empoderen a las niñas y mujeres de nuestros países, entendiendo que no es solo un asunto de justicia y de derechos, sino también una oportunidad para propender por su independencia como ciudadanas y contribuir, asimismo, al crecimiento y desarrollo de los países. Es decir, que la sociedad en su conjunto se beneficia.
La autonomía económica de las mujeres, especialmente de aquellas en condiciones de vulnerabilidad, es fundamental para romper los ciclos de pobreza y de violencia. Específicamente para terminar con las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que por años les han asignado roles relacionados con el trabajo doméstico y el cuidado, lo que sin duda perpetúa su dependencia económica.
Lo cierto, en relación con estos contrastes, es que la carga laboral de las mujeres en Colombia es superior en 2 horas y diez minutos -diarios- respecto a los hombres, diferencia marcada en las labores de cuidado no remuneradas, lo que representa alrededor 78,4% del total de horas anuales dedicadas a estas actividades.
Por otro lado, la participación de las mujeres en ámbitos diferentes al doméstico, como el político, el productivo o el social, es indispensable para lograr un verdadero desarrollo sostenible. De lo contrario, este no puede ser considerado ni desarrollo ni sostenible. Igualmente, las mujeres empoderadas en el ámbito económico tienen mayores oportunidades de participar en escenarios de toma de decisiones y en la esfera política.
Con base en estas consideraciones, estamos trabajando opciones para que más mujeres alcancen la pensión de jubilación y así mejorar su protección social. Actualmente en el Régimen Contributivo las mujeres obtienen su pensión cumpliendo con 1.300 semanas cotizadas en un fondo de pensiones y alcanzando la edad de 57 años. Pero, según los reportes de Colpensiones, las colombianas que alcanzan esta asignación lo hacen a los 61 años porque, entre otras razones, su vida laboral se ve interrumpida cuando asumen roles de cuidado en calidad de madres, esposas e hijas. Frente a esta economía del cuidado el Dane señala que está valorada en $186 billones y que las mujeres dedican $36.508.827 horas a la misma.
Por ello, vamos a proponer reducir a 1.000 semanas el periodo de cotización y a extender a 62 años la edad de retiro. Esto requiere la reforma de la Ley 797 del 2003 y no implica nuevos compromisos fiscales; tenemos viabilidad técnica y fiscal para presentar el proyecto de ley.
Es momento de crear una nueva conciencia sobre el estatus de la mujer en la sociedad. Con más calidad de vida y con mayor participación y liderazgo en los procesos de toma de decisiones y en los puestos de poder que contribuyan a fortalecer los valores democráticos de los Estados.
