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La necesidad de mejorar la calidad en la prestación de servicios públicos como el de agua y saneamiento es una de las prioridades que incorpora el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que la administración Duque y el Congreso de la República discuten en este momento.
Dicho Plan propende por un mejoramiento en los niveles de suministro y calidad del agua, como uno de los factores para promover la competitividad y el bienestar de todos.
Dicho pacto, planteado en el PND proyecta importantes inversiones para el cuatrienio, en materia de saneamiento con inversiones estimadas en $44 billones para mejorar la prestación servicios públicos hasta 2022, de los cuales, $19 billones corresponden a Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa.
El Plan Nacional de Desarrollo también establece mecanismos para fortalecer a la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de recursos adicionales para financiar las soluciones de largo plazo que se requieren para las falencias que enfrenta el país en materia de agua potable y saneamiento básico.
En buena hora, este Plan de Desarrollo acoge iniciativas que oportunamente pudimos plantear desde Acodal en las consultas y reuniones de construcción del documento macro, entre ellas, la urgencia de fortalecer la institucionalidad en el sector.
En el Plan de Desarrollo queda planteado además el manejo de un fondo para financiar las necesidades de los servicios públicos al que ingresarán los recursos de los excedentes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), y el producto de las multas que imponga esta Superintendencia.
Destacamos, también, cómo el Plan Nacional de Desarrollo le otorgaría nuevas herramientas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para llevar soluciones de agua potable y manejo de aguas residuales en zonas de difícil acceso y en las regiones más apartadas de la Colombia rural.
Concretamente, el artículo 157 del proyecto señala que “el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá los criterios para identificar asentamientos humanos rurales y viviendas dispersas rurales que hacen parte del componente rural del Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de orientar la dotación de infraestructura básica de servicios públicos domiciliarios o de soluciones alternativas”.
Además, las autoridades ambientales y sanitarias y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definirán criterios de vigilancia y control diferencial para quienes provean agua para consumo humano y doméstico en áreas urbanas de difícil gestión y en zonas rurales, de acuerdo con sus competencias.
Con todos estos elementos, más los que surjan en las discusiones y debates pertinentes que se darán en este proceso, consideramos que el Congreso de la República tiene en sus manos la gran oportunidad de aprobar dentro del nuevo Plan de Desarrollo un “Pacto por la Calidad y Eficiencia de los Servicios Públicos”, para un país que a diario reclama soluciones estructurales y de largo plazo.
