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La economía política es el estudio de cómo las reglas de juego -instituciones, normas y políticas- moldean las decisiones económicas y cómo los intereses de los actores -gobiernos, empresas, sindicatos, ciudadanos- interactúan en ese marco. Se trata de quién define las reglas y con qué incentivos. En cualquier decisión, desde la reforma del sistema pensional hasta la regulación del mercado laboral, hay ganadores y perdedores. Así, la economía política explica por qué ciertas reformas avanzan y otras fracasan, dependiendo de los intereses de los actores. Este análisis puede aplicarse a la reforma laboral. En el momento el que escribo esta columna, la reforma propuesta por el Gobierno fue archivada en la Comisión VII del Senado de la República, y el presidente Petro está planteando una consulta popular para aprobar esta reforma y la de la salud.
El primer punto de la economía política es el trámite de cualquier reforma. En una democracia, la separación de poderes no es un capricho, sino una garantía fundamental contra el abuso y la concentración del poder. La Constitución de 1991 establece que los poderes públicos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- son independientes, pero deben colaborar armónicamente. En el trámite de una reforma a la ley, esta separación se traduce en un proceso deliberativo donde el Congreso ejerce su potestad legislativa, el Ejecutivo puede presentar iniciativas y objetarlas, y la Corte Constitucional interviene cuando se cuestiona la constitucionalidad de una norma. Cualquier reforma debe transitar por los debates en comisiones y plenarias de ambas cámaras del Congreso, donde el proyecto puede ser aprobado, modificado o archivado. Modificar una ley no es tarea sencilla, ni debería serlo. Este procedimiento, en apariencia engorroso, es en realidad una barrera contra la arbitrariedad y una garantía de legitimidad democrática: las leyes no pueden depender de un solo poder ni de la voluntad de un gobernante de turno.
El segundo punto es la economía política del mercado laboral. En una reforma laboral se manifiesta en un juego de intereses con ganadores y perdedores. Si una reforma aumenta los costos laborales los trabajadores formales pueden beneficiarse con mejores condiciones, pero a costa de que más personas queden atrapadas en la informalidad o el desempleo y con las pequeñas empresas informales enfrentando más barreras para formalizarse, reforzando la precarización.
La reforma laboral propuesta por el gobierno de Petro tenía un claro sesgo: beneficiaba a los trabajadores formales, reforzando su estabilidad y derechos, pero sin ofrecer soluciones para los informales y los desempleados. Una mejor reforma debería incluir, entre otros, el objetivo de aumentar la formalidad, permitiendo una mayor flexibilidad en las cotizaciones al sistema de seguridad social, de modo que más trabajadores puedan acceder a la protección sin que el tipo de trabajo sea una barrera de entrada. Además, el empleo formal no solo se estimula con regulación, sino con formación pertinente para el trabajo, alineada con las necesidades del mercado, para que los trabajadores desarrollen habilidades que realmente se demanden, y sus salarios, y las empresas y la economía, crezcan. Sin estas correcciones, cualquier reforma seguirá excluyendo a millones de colombianos.
