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La eficiencia del Estado se refiere a la capacidad de un gobierno para implementar políticas públicas y programas de inversión de manera ordenada, coherente y con una administración pública desburocratizada. Un Estado eficiente es aquel que logra optimizar sus recursos y servicios para ofrecer mejores resultados a sus ciudadanos.
La eficiencia incluye la calidad de los servicios públicos y la efectividad en la institucionalidad. Es esencial para lograr la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. La confianza es fundamental para que los gobiernos puedan llevar a cabo reformas del sector público con éxito. Se requiere cierto nivel de confianza para que los ciudadanos apoyen y acepten las decisiones y políticas implementadas por el Estado.
El documento “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe” del BID y la Ocde publicado este año reporta un indicador de gobernanza pública para evaluar la calidad de las instituciones gubernamentales.
El indicador se divide en dos: la confianza en las instituciones públicas, que mide cómo perciben los ciudadanos la calidad de las instituciones gubernamentales, y la satisfacción con los servicios públicos, que evalúa la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de los servicios que reciben, como la educación, la salud, la seguridad y otros servicios básicos.
Los indicadores muestran que en Colombia en 2022 30% de los ciudadanos confiaba en el Estado, con enorme una caída, de 34 puntos porcentuales, desde el 2008, y frente a una confianza promedio de 36% en América Latina, y 47,5% en la Ocde. La diferencia por edad es también importante, de más de 14 puntos porcentuales entre los jóvenes de 15 a 29 años y los adultos de 50 años o más.
Los adultos confían más que los jóvenes. Respecto a la democracia, 26% de los colombianos está satisfecho, frente a un promedio de 40% en América Latina. Una encuesta similar de la Ocde sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas muestra que Colombia, con 20%, es el país con menos confianza, y 66% de desconfianza, mientras que en promedio los indicadores de los países de la Ocde son 40% y 40% respectivamente.
Estas mediciones dejan varios mensajes. Los colombianos no confiamos en el Estado. Es necesario reformarlo y hacerlo más eficiente con miras a prestar mejores servicios. Antes de cualquier reforma es necesario identificar si el Estado tiene la capacidad de gerenciar eficientemente las nuevas políticas o programas.
Cualquier reforma que se haga debe implementarse con el objetivo de ganarse la confianza de los ciudadanos. Una cuestión es que el programa quede en una ley, y otra muy diferente que funcione de manera eficiente prestando los servicios de manera adecuada a los ciudadanos.
Por esto, la reforma al sistema de salud de los maestros que decide que una entidad sin la experiencia es quien debe liderarla, o la de pensiones si se implementa con entidades que no están preparadas para responderle a los ciudadanos, son un tiro en el pie.
Obviamente, un paso antes está la necesidad de diseñar las nuevas políticas públicas con modelos adecuados, teniendo en cuenta la eficiencia. El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario.
