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Analistas 31/01/2025

El Catatumbo y el SGP

Mauricio Olivera
Vicerrector Administrativo y Financiero UniAndes

Los lamentables hechos de violencia que han ocurrido en el Catatumbo demuestran que la política de paz total del gobierno del cambio fracasó. Sin embargo, para seguir buscando la solución es necesario abstraernos de la discusión política y entender el fenómeno desde una perspectiva estructural.

Empecemos por recordar que América Latina es la región más violenta del mundo. Aunque alberga solo a 9% de la población global, concentra aproximadamente un tercio de los homicidios a nivel mundial. La tasa de homicidios en la región es cinco veces mayor que en Estados Unidos y diez veces superior a la de Asia. Entre los principales países de la región, Colombia está entre los tres primeros, acompañada por México y Honduras. El crimen organizado aporta 50% de los homicidios.

Recordemos también que Colombia tiene regiones con la violencia arraigada. El Cauca, Buenaventura, que ocupa el puesto 24 entre las 50 ciudades más violentas del mundo, y el Catatumbo, entre otras. El Catatumbo ha sufrido desde la década de los 90 enfrentamientos por el control de cultivos de coca y rutas del narcotráfico, lo que ha resultado en masacres, desplazamientos masivos y una fuerte crisis humanitaria. Eventos como la “guerra entre guerrillas” entre el ELN y el EPL en 2018, la masacre de El Tarra en 2019, y los recientes enfrentamientos han perpetuado un ciclo de violencia en la región. Sigue siendo una de las áreas más conflictivas y vulnerables del país.

La violencia es multifactorial. La debilidad institucional y la falta de presencia estatal en áreas rurales son algunos de los factores clave que explican su persistencia. Debilidad institucional que se manifiesta a través de altos niveles de corrupción, impunidad y sistemas judiciales ineficaces. En las áreas rurales, donde el Estado tiene poca o nula presencia, los vacíos de poder son ocupados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales, que imponen sus propias reglas, controlan territorios estratégicos para actividades ilícitas como el narcotráfico, y marginan aún más a las comunidades locales. Como dijo James Robinson sobre Colombia: “No hay Estado”.

No es necesario un estado de excepción. Es necesario resolver el problema estructural. Parte de la solución debe buscarse en las instituciones. Toma relevancia la reforma al SGP. La revisión más reciente de la descentralización la hizo la Misión de Descentralización del DNP, que se inició en 2022 y culminó en marzo de 2024. Entre varias propuestas destaca el fortalecimiento institucional de los gobiernos regionales mediante la modernización de sus capacidades administrativas, mayor autonomía y herramientas para la gestión transparente y participativa. Estas y otras propuestas buscan cerrar brechas territoriales, fortalecer la presencia estatal y consolidar un desarrollo más equitativo y sostenible.

Es necesario abstraerse de la discusión política y estudiar y discutir seria y abiertamente esta y otras propuestas que puedan ayudar a disminuir la violencia y cerrar las brechas regionales. Estuve en desacuerdo con que se hiciera primero la reforma de transferencia de recursos, y estoy en desacuerdo con que, con una alta probabilidad, la reforma a la descentralización se haga en pleno debate electoral. Pero estoy de acuerdo con que es necesaria.