La comisión de los fondos privados

Una nueva comisión de los fondos privados, que resultó de la reforma pensional, genera debate desde la semana pasada. Es una comisión de 0,7% anual que se cobra por administrar parte del ahorro total en manos de los fondos privados. Asofondos dice que no es sobre el total de activos, que son unos $420 billones, sino que se excluyen los ahorros de los pensionados actuales y de los afiliados en transición, quedando en administración $200 billones.

He defendido en varios foros que una reforma pensional adecuada debe combinar el Estado y el mercado. Es decir, el Régimen de Prima Media de Colpensiones, y el de Ahorro Individual con Solidaridad de los fondos privados. Si sólo se basa en Colpensiones, el régimen puede ser insostenible financieramente a largo plazo y subsidiar las pensiones más altas, lo cual es regresivo porque los recursos deberían ir a los más vulnerables. Si sólo se basa en el ahorro individual, la pensión puede ser muy baja. Además, como habrá más adultos mayores, el Estado debe garantizar su seguridad económica. Dejar esto solo al mercado sería socialmente irresponsable.

Es esencial que los ciudadanos confíen en el sistema para que funcione adecuadamente. Sin embargo, la forma en que se creó esta nueva comisión genera desconfianza.

Es muy importante que se le brinde claridad a la ciudadanía, más allá de la polarización política. Entiendo que con el nuevo sistema de pilares con un umbral de 2,3 salarios mínimos, los fondos privados pierden una parte significativa de las cotizaciones. Según las cifras del Dane del mercado laboral, 86% de los trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos.

Sin embargo, hay una contradicción en que los fondos defendieran durante el debate de la reforma, y dentro del clima político polarizado, que no era conveniente darle los recursos al Estado por el riesgo de que el gobierno (este o cualquier otro) usara esos recursos para otros fines y el sistema no fuera sostenible financieramente, pero cobren una comisión por administrar esos ahorros.

También es importante precisar si esa comisión sustituye a la que ya existía sobre cada peso cotizado, o si es adicional, porque serían dos comisiones que se pagarían sobre lo ahorrado, disminuyendo el ahorro de los trabajadores para formar su pensión. Aunque algunos analistas han afirmado que el sector privado puede hacer lobby -de hecho, en países como Estados Unidos el lobby en el Congreso existe y está regulado- y que la responsabilidad de aceptar este lobby está en el Congreso, los mensajes de los fondos privados argumentando que su objetivo es cuidar el ahorro de los trabajadores han sido contradictorios.

Las discusiones debieron darse de manera más transparente. No ayudó la rapidez con la que el gobierno buscó la aprobación de la reforma, poniéndola inclusive en riesgo de que la Corte Constitucional la declare inexequible.

Sin embargo, lo que está pasando indica que el debate polarizado entre los que dicen que el mercado es mejor que el Estado, y los que dicen que el Estado es mejor que el mercado, es, por decir lo menos, insustancial. No hay uno mejor que otro. Se debe buscar una participación equilibrada y bien regulada. En varios foros expresé que se necesitaba una entidad superior que regulara este sistema. Una superintendencia de pensiones técnica e independiente.