Presupuesto y confianza

La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025 y la Ley de Financiamiento ha puesto sobre la mesa importantes cuestiones sobre la sostenibilidad fiscal. El gobierno ha propuesto un presupuesto de $523 billones, argumentando que es clave para impulsar la reactivación económica y reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, este presupuesto está desfinanciado si no se aprueba la Ley de Financiamiento. La ley, tal como está planteada, no alcanza a cubrir los $12 billones faltantes. Algunos expertos advierten que el déficit podría ser mayor, generando incertidumbre sobre el verdadero estado de las finanzas públicas. Esta falta de claridad ha llevado a que algunos sectores del Congreso y analistas propongan reducir el presupuesto para evitar un mayor endeudamiento y así cumplir con la regla fiscal, la cual ha sido crucial para mantener la estabilidad macroeconómica, un activo muy importante de los colombianos. Algunos sugieren que una reducción del gasto presupuesto a $511 billones, o menos, sería suficiente para cubrir los programas del gobierno, siempre y cuando haya una mejora en la eficiencia del gasto y en la ejecución presupuestal.

Coincido con los analistas sobre los riesgos, y quiero añadir un tema crucial: la confianza ciudadana en el manejo del gasto público. Según informes del BID, la desconfianza en la gestión de los impuestos lleva a la evasión fiscal. Esto es especialmente problemático en América Latina, donde la percepción de corrupción y mala gestión es común. La falta de transparencia crea un círculo vicioso: baja recaudación y peores servicios públicos, lo que reduce aún más la disposición a pagar impuestos. Un informe de la Cepal destaca la importancia de la calidad del gasto público para recuperar la confianza ciudadana. Lo crucial no es solo la cantidad que se gasta, sino cómo se gasta. Cuando los ciudadanos ven que sus impuestos se utilizan adecuadamente, su disposición a contribuir al sistema tributario aumenta. Esto influye directamente en la cohesión social, ya que la confianza en las instituciones y en el uso responsable de los recursos fortalece el contrato social entre el Estado y sus habitantes. Por lo tanto, la transparencia y la rendición de cuentas no solo son principios éticos, sino también herramientas prácticas para mejorar la eficacia fiscal.

A lo largo de este siglo el gasto de funcionamiento ha crecido en todos los gobiernos. Sin embargo, el crecimiento más pronunciado ha ocurrido durante el gobierno actual, donde el gasto ha aumentado en un promedio de 21% anual, comparado con 10% de crecimiento promedio anual entre 2002 y 2022. Este aumento del gasto de funcionamiento podría justificarse si se destinara a mejorar servicios esenciales para la población, pero sin una mayor transparencia y rendición de cuentas, el riesgo es que estos recursos se utilicen de manera ineficiente o incluso con fines políticos, especialmente de cara a las elecciones de 2026 .

La falta de confianza de los ciudadanos en el gasto público en Colombia no es solo un problema de percepción, sino una llamada urgente a reformar el proceso presupuestal del país. Es esencial mejorar la transparencia en la asignación y el uso de los recursos, no solo para garantizar la sostenibilidad fiscal, sino también para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.