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El avance que ha tenido Colombia en los últimos años en materia de infraestructuctura ha sido una palanca de crecimiento y fortalecimiento económico para el país, que ha traído consigo inversión y apertura a innovaciones y mejores prácticas sectoriales. La Ley 1508 de 2012, en particular la Ley de Iniciativas Privadas, ha permitido dar pasos agigantados en esta materia concediéndole mayor institucionalidad al origen de estos proyectos y permitiéndole a los privados la vinculación en proyectos de interés general que, sin duda, han marcado una pauta relevante para el progreso nacional.
Precisamente por lo anterior, en el marco de esta plataforma de éxito para el país, hay todavía grandes reflexiones que debemos hacer para destacar la oportunidad que tienen las Asociaciones Público Privadas en el contexto local y el rol que los actores privados tenemos en este panorama para llevar a Colombia al siguiente nivel en materia de contratación pública.
La experiencia general del país en los últimos años ha evidenciado que las APP de iniciativa privada proveen un círculo virtuoso que desde su concepción han apostado por la ejecución efectiva de grandes proyectos de desarrollo con inversiones no menores por parte del sector privado y la diversificación de riesgos. No debemos dejar de lado que este esquema contractual se ha convertido en una palanca necesaria y legítima para dar celeridad al progreso nacional a partir de alianzas estratégicas para la estructuración e implementación de obras en un país que, durante muchos años, tuvo grandes rezagos en infraestructura.
De esta manera, el gana-gana de las APP no solo se sustenta en su financiamiento, se trata, en igual medida, de tener múltiples fuentes originadoras, trayendo consigo innovación y buenas prácticas y, la complementariedad que ofrece un esquema en el que los privados aportamos nuestra experiencia y conocimiento en sinergia con la visión del Estado y su proyección de país.
El sector de infraestructura, por supuesto, ha sido un abanderado en este tipo de contratación. El desarrollo y estructuración de proyectos de gran envergadura de infraestructura vial y aeroportuaria son una muestra de ello. Ahora bien, otros sectores como el inmobiliario, o recientemente el de tecnología, han encontrado en esta figura una puerta abierta para que su fortalecimiento no solo dependa del Gobierno Nacional y de las carteras vinculadas sino de terceros que movilicen el beneficio general del país y la proyección futura de su crecimiento.
Por supuesto, el modelo de contratación APP en Colombia no está exento de oportunidades de mejora que propendan por hacer del mismo, una alternativa cada vez más eficiente en pro de la sostenibilidad y la economía nacional. Fortalecer las exigencias y criterios para aprobar las iniciativas; mantener la continuidad de los equipos expertos de evaluación y seguimiento de las mismas; robustecer la visión de riesgo que permita blindar cada vez más los procesos, son algunas de las claves que nos permitirán incentivar mayor participación e incrementar la adjudicación de procesos idóneos.
En América Latina, países como Chile o Perú, son grandes referentes en esta medida con marcos regulatorios que promueven la inversión, incentivan la vinculación del sector privado, avanzan a ritmo constante el desarrollo de infraestructura nacional y, por sobre todas las cosas, garantiza y blinda todos los procesos de contratación, adjudicación y ejecución de las obras.
Desde nuestra perspectiva en Colombia vamos avanzando con paso firme. Según el Banco Mundial, actualmente nuestro país registra el tercer lugar, entre 135 economías, en materia de regulación para atraer asociaciones público-privadas, después de Australia y ReinoUnido.
Además, las inversiones de las empresas en Asociaciones Público Privadas, de iniciativa privada, han alcanzado cifras récord en los últimos años. Por esta razón, desde nuestro rol como gestores de proyectos debemos seguir aportando al robustecimiento y credibilidad de un mecanismo que, sin lugar a duda, trasciende diferentes sectores económicos para contribuir a la dinámica económica de Colombia en un entorno cambiante y con desafíos económicos futuros que requieren de un trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector público como clave de competitividad para el país.