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Recientemente vimos las discusiones que rodearon la elección de la junta directiva de Ecopetrol y su presidente. El problema con lo que pasó la semana pasada con la designación del presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y su casi inmediata desaprobación por parte del presidente Petro, fue la forma caótica en la que todo sucedió.
Eso lo único que hizo fue añadir más tierra a la creciente montaña de incertidumbre del sector minero energético, y la reacción del mercado cambiario y accionario lo demostró. Pero eso es solo un ejemplo de lo que viene pasando desde el momento mismo en que Petro ganó la segunda vuelta.
En lo que va corrido del año, Ecopetrol acumula una pérdida de valor en la bolsa cercana a 28%, y esa tendencia se profundizó después del 19 de junio, un comportamiento que, contrario a lo que se cree, es exclusivo del país como bien lo muestra la gráfica.
Los mercados empezaron a temer por el futuro del sector, debido a las propuestas de campaña y a las decisiones que se pudieran concretar en su contra, situación a lo que no han ayudado las constantes salidas en falso y la falta de claridad por parte del ministerio. Empecemos por lo primero.
Las declaraciones sobre las restricciones a la exploración y explotación de petróleo pusieron a los inversionistas a dudar sobre posibles cancelaciones de contratos. Este es un tema en el que aún no hay una política clara y definida. A esto se suma ni más ni menos que la incertidumbre del sector en materia tributaria. El primer proyecto de reforma planteó un impuesto a las exportaciones, del cual se revisaron los límites para su cobro.
Hoy, cuando empieza el segundo debate en el congreso, se plantea una sobretasa a las empresas del sector energético, sobretasa con la cual el impuesto de renta podría llegar incluso hasta 50% y que lo único que genera es la desinversión en el sector. El otro punto clave de lo que plantea actualmente la reforma es la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta.
Las regalías ya son un reconocimiento que las empresas hacen al gobierno por la explotación de un recurso, si estas no son deducibles, se convierten en un costo extra que hace poco atractiva la actividad en el sector. En otras palabras, su competitividad y viabilidad se van al traste.
Aunque en Anif hemos destacado en varias oportunidades la disposición del gobierno y su cartera de Hacienda por revisar varios temas de la reforma fiscal que afectarían enormemente la estabilidad económica del país, aún se plantean políticas que van en contravía del sector.
Incansablemente hemos repetido que sí se necesita una transición energética, pero de una forma planeada y escalonada en un largo plazo. No se puede poner en riesgo un sector que hoy día significa la mayor fuente de divisas del país, más cuando el déficit externo ronda el 6% del PIB.
Por otro lado, la falta de inversión en el sector significaría menos recursos para el funcionamiento del país, en un momento en que el déficit fiscal está por las nubes y cuando, además, se planean mayores gastos por parte de las políticas sociales del gobierno. Seguir creando inestabilidad en este tema no solo es inconveniente, sino totalmente absurdo.
Esperamos que el vaivén en el que se ha visto sumido el sector minero energético, no solo por la falta de claridad en las políticas de exploración y explotación, sino en el tema tributario, se resuelva prontamente en los debates actuales del Congreso. Pero que se resuelva entendiendo el papel esencial que cumple el sector para la estabilidad económica del país.
