¿Salud desfinanciada?

Durante las últimas semanas he repetido incasablemente que el sistema de salud es el mayor logro en equidad que ha tenido Colombia en los últimos 50 años. Y lo he repetido porque estamos ante el riesgo de volver al esquema que existía antes de 1993, lo que sería un error gravísimo y significaría un retroceso significativo en materia social.

De tener una cobertura de 29% en 1993, pasamos a una cobertura casi total, de 99%, en 2021. Pero incluso lo más relevante es que 20% más pobre de la población pasó de tener un cubrimiento de 4,3% a 90% en ese mismo periodo. ¡Eso es un logro importantísimo!

En cuanto a la calidad del sistema, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, 42% de los pacientes encuestados en 2003 reportaron alguna falla. En 2021, esa cifra bajó a 5,9%. Es así como el sistema de salud colombiano se ha posicionado como el segundo mejor de la región, según un estudio publicado en The Lancet en el que se analizaron 204 países.

Estos avances en cobertura, calidad en el servicio, equidad en el acceso y cierre de brechas sociales, se han logrado gracias a que el presupuesto de la salud ha aumentado año a año durante las últimas tres décadas. Por esa razón, muchos quedamos estupefactos cuando el Ministerio de Salud no fue enfático en la solicitud de recursos suficientes para el aseguramiento ante el Congreso de la República en las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023.

Eso es simplemente un despropósito por lo que significa: el Ministerio planteó la necesidad de adicionar en el PGN de 2023 solo $3,8 billones para el aseguramiento y otros programas, pero la pasada administración señalaba la necesidad de adicionar cerca de $8,1 billones. Este desbalance de cuentas es preocupante para la sostenibilidad financiera del sistema y, por ende, para el aseguramiento de los colombianos. Además, en primer debate del presupuesto en el Congreso solo se aprobaron $1,3 billones de inversión para el programa predictivo-preventivo, sin mencionar el faltante para el aseguramiento.

En Anif nos hemos preguntado por qué el Ministerio de Salud no ha tenido en cuenta aspectos técnicos, como el incremento en las frecuencias de uso en post-pandemia, para justificar el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), prima que gira el Gobierno Nacional a las EPS por cada uno de los afiliados. Y hemos insistido en que una prima insuficiente crearía barreras de acceso y pondría en riesgo la atención de salud de millones de personas, en particular de los más vulnerables -la población de menores ingresos y los enfermos- pues simplemente no habría plata para satisfacer la demanda de los servicios de salud.

Ese panorama tendría un impacto profundo sobre la pobreza en el país. De hecho, si el gasto de bolsillo en salud (uno de los más bajos del mundo, lo que ha sido otro logro del sistema actual) se duplicara por falta de recursos para el aseguramiento, la pobreza monetaria y la indigencia podrían aumentar en 1,5 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente.

La discusión sobre el presupuesto de la salud es esencial para asegurar una política social progresiva. Claramente hay temas por mejorar del sistema actual, pero para fortalecerlo se debe mantener el modelo de aseguramiento, que ha sido la base para proteger el bolsillo y la salud de los colombianos, no echar para atrás todo lo que se ha logrado en los últimos 30 años.