Sobre la reforma sabemos poco

La reforma a la salud no ha sido discutida, eso es un hecho a pesar de que la ministra de Salud Carolina Corcho insista en lo contrario. Los detalles del proyecto de ley, que según ella fue entregado al presidente Petro la primera semana de enero, todavía no se conocen. Es por eso que la opinión y el análisis de expertos, y de centros de pensamiento como es nuestro caso en Anif, están basados en lo poco que se sabe.

Y sobre eso poco que se sabe, debemos decir que tenemos varias preocupaciones:

1. Todo pareciera indicar que esta no es una reforma que propone construir sobre lo que ya existe, sino destruir lo que tenemos. Sabemos que el sistema actual de salud debe mejorar, lo hemos dicho incontables veces, pero es un buen sistema que ha sido reconocido por instituciones internacionales como uno de los mejores del mundo. Eso también es un hecho y los datos nos dan la razón, lo que me lleva al segundo punto.

2. La escasa información que han dado nos hace pensar que se planea algo muy parecido a lo que teníamos antes de 1993, pero ya sabemos que eso no funcionaba. Es clarísimo que en ese momento el derecho a la salud no existía, existía solo para los que tenían plata y para los pobres era una limosna. Recordemos los famosos septiembres negros, cuando los recursos se acababan y de ahí en adelante no le prestaban atención a nadie en los hospitales públicos.

3. Precisamente hay una discusión grande sobre los recursos y la desconcentración de los mismos. No sabemos realmente lo que tienen en mente, se habla de unos fondos regionales y locales, pero no nos han dicho cuál va a ser el rol de las alcaldías y gobernaciones y cómo será la institucionalidad ¿Tienen capacidad esas entidades para ejecutar los recursos? Claramente no. Los secretarios de salud regionales con los que hemos hablado nos han dicho que no están en la capacidad de hacer ni el proceso de auditoría, ni de validación ni de autorización de pagos.

Fue por eso que en el año 2010, cuando estuve a cargo de la cartera de Salud y Protección Social, creamos junto a mi equipo el giro directo, un mecanismo que fue aprobado por el Congreso de la República en la ley 1438 y que fue diseñado para evitar que la plata del régimen subsidiado se quedara en la entidad territorial. Y lo más importante es que los alcaldes, quienes pensamos que iban a ser los principales detractores, estuvieron totalmente de acuerdo. Pensar hoy en devolver esos recursos a entidades que no tienen la capacidad de administrarlos y que además son más susceptibles de corrupción, es un escenario que no nos cabe en la cabeza.

4. Cuando se habla de una reforma de esta magnitud, que pone en riesgo lo que ya tenemos, y además se hace sin hablar de una transición razonable, el riesgo para la gente es altísimo. Los periodos de transición no se dan en el corto plazo y no se dan solo sobre el papel. No podemos pensar que solo con aprobar una ley ya tenemos un nuevo sistema de salud, porque al mismo tiempo hay pacientes con enfermedades crónicas que se encuentran en medio de tratamientos ya aprobados, que están día a día demandando servicios de salud, y eso sin duda se va a ver afectado. Este es un tema que nadie, absolutamente nadie, ha puesto sobre la mesa, ni la ministra ni los diferentes voceros que han tomado la palabra para defender la nueva ley.

5. Por último, y uno de los puntos que más nos preocupa, es que por ningún lado se habla de cómo se van a solucionar los verdaderos problemas del sistema de salud: el acceso en lugares remotos, la suficiencia y flujo de los recursos, el cierre de brechas en los resultados y la calidad en la atención. Pareciera que la reforma busca achacar los problemas a un solo actor.

En Anif seguimos comprometidos con aportar a la discusión. Hemos realizado, por ejemplo, estudios técnicos con proyecciones de gasto en salud y con recomendaciones que buscan facilitar la sostenibilidad del sistema. Incluso algunos de esos estudios han sido citados erróneamente por funcionarios del actual ministerio. En ese contexto, hemos hablado de la forma en que se calcula hoy la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de mecanismos para mejorarla. Incluir ajustadores de riesgo por condiciones de salud ayudaría a disminuir las desviaciones en la siniestralidad y, sin duda, generaría una distribución más eficiente de los recursos entre las aseguradoras.

Ojalá la ministra dé a conocer realmente los detalles de la reforma y se generen los espacios para poderla discutir a fondo.