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Después de varios meses de especulación y hasta comentarios con teorías de conspiración incluidas, fue elegido Leonardo Villar como nuevo gerente del Banco de la República. Dadas sus cualidades técnicas, profundo conocimiento de la institución y su gran don de gente, es difícil pensar en un mejor nombramiento por parte de su junta directiva.
La discusión pública previa a este nombramiento se centró en un posible conflicto de interés del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, uno de los que más sonó para el cargo, y si su elección hubiera afectado la independencia del banco central. Varios economistas citaron artículos escritos por el mismo Carrasquilla (en su rol anterior como académico) que argumentaban que no era apropiado que funcionarios del ejecutivo pasaran a ser miembros de la Junta o la Gerencia del Emisor.
Desde el punto de vista teórico, esa posición está sustentada en estudios que modelan los comportamientos de los miembros de una junta directiva como la del banco central, buscando predecir sus respuestas individuales y colectivas a diferentes incentivos, con el fin de proponer alternativas de política que maximicen algún objetivo en el modelo.
Por su parte, otros colegas argumentan que lo verdaderamente importante para garantizar el buen funcionamiento de la entidad es la evaluación juiciosa de las trayectorias profesionales completas de los candidatos a la Junta o a la Gerencia, y no tanto si su último trabajo fue o no en el Gobierno de turno. Tiendo a creer que esa posición está mejor sincronizada con la evidencia empírica colombiana, e incluso con la de otros referentes internacionales.
Durante décadas ha sido frecuente que varios de los miembros de la junta del Banco de la República provengan del Gobierno Nacional. La movida más común es que algunos viceministros de Hacienda se conviertan en codirectores del Emisor, pero también hemos visto ministros de Gobierno y superintendentes que lo han hecho. La poca oposición en el momento de estos movimientos se debe a que los perfiles de los nominados eran de primer nivel, y sus largas trayectorias públicas ya los había expuesto a situaciones donde demostraron su criterio técnico por encima de consideraciones políticas. Los años posteriores confirmaron sus talantes independientes una vez al interior de la junta directiva.
Alguien podría argumentar que una cosa es que un funcionario de Gobierno llegue a la junta y otra es que se convierta en el gerente del banco. Sin embargo, la realidad es que el Gerente tiene el mismo poder en las decisiones de política monetaria que cualquier codirector, es decir solo tiene un voto de siete. Es cierto que tiene una responsabilidad adicional de manejar el equipo profesional del banco, pero también es cierto que es un subordinado de los codirectores en el Consejo de Administración de la entidad. Hoy es bien difícil que un gerente desconozca las voces de la junta sobre la agenda de investigación, el contenido de los informes o los nombramientos clave de la administración. Solo como referencia internacional, en el banco central de Estados Unidos, el jefe del Board of Governors del Fed es escogido directamente por el presidente americano por periodos de cuatro años, sin que esto sea visto como un atentado a la independencia de la institución.
Frente al argumento de que, con el eventual paso del Ministro de Hacienda a la gerencia del banco más otros nombramientos adicionales, el presidente de la República habría controlado prácticamente a toda la junta del Emisor, vale la pena recordar que desde 1991 tres mandatarios diferentes al actual han tenido la oportunidad de nombrar completamente la junta del Banco de la República. Incluso en Estados Unidos, que tiene un arreglo similar en el que el jefe de Estado de turno solo puede nombrar una parte pequeña de la junta, de vez en cuando se altera ese balance. Por ejemplo, cuatro de las seis sillas del Board del Fed que están ocupadas actualmente fueron escogidas por el mismo presidente. Estas situaciones son indeseables como regla general, pero no han minado la independencia del banco central gracias a la larga tradición de escoger a los funcionarios correctos.
Todo lo anterior me lleva a la conclusión de que la mejor forma de mantener la independencia del Banco de la República es conservando lo que, desde 1991, han hecho los Gobiernos de turno: nombrar personas idóneas en la junta, con extensas trayectorias profesionales o de servicio público que permitan escrutinios profundos, sin tachas ni sospechas éticas de ninguna especie, y con probados historiales en donde lo técnico haya primado sobre otras consideraciones.
En los próximos días, el Gobierno actual tendrá la posibilidad de cambiar dos miembros adicionales de la junta del banco. En estos nombramientos, el rigor en la evaluación de los perfiles es clave. Para lograr que, en unos años cuando estemos hablando de la elección de un nuevo Gerente, la discusión se centre en las calidades completas de los candidatos y no solo en el renglón más reciente de su hoja de vida, la escogencia de los nuevos codirectores deberá ser impecable. Serán ellos y sus compañeros los garantes de mantener nuestra exitosa política monetaria.
