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Las oportunidades que tiene una sociedad para plantear reformas pensionales son escasas. Como este es un tema que abarca buena parte de la vida de los ciudadanos, desde que empiezan a trabajar hasta que mueren, los sistemas de retiro se proyectan para que funcionen por muchos años. Así, las ventanas para rediseñarlos se abren solo cada tres o cuatro décadas.
Esa oportunidad le tocó al Gobierno Petro, que presentó recientemente su proyecto al Congreso de la República con un objetivo explícito: fortalecer el sistema público.
Curiosamente, lo mejor de esta iniciativa pensional es su componente no pensional. Me refiero a lo que la propuesta denomina “pilar solidario”, que no es otra cosa que un subsidio financiado con recursos del presupuesto nacional, para los adultos mayores más vulnerables que no cotizaron para su pensión. Este es un elemento redistributivo eficaz, y es fiscalmente razonable. Sin embargo, para implementar este tipo de políticas no se necesita una reforma pensional. Solo basta incluir el subsidio en la ley anual de presupuesto.
Dejando a un lado este componente, el resto del proyecto tiene varios problemas de diseño.
Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha sido enfático en que tocar la edad de pensión es un inamovible, a pesar de que la población colombiana hoy vive ocho años más que cuando se aprobaron las edades de jubilación vigentes.
Igualmente, ha aclarado que es un inamovible ajustar las tasas de reemplazo que se usan para calcular el monto al que tienen derecho los pensionados, mientras que los porcentajes de aportes tampoco se tocarán.
Asimismo, ha sido un inamovible hablar de los regímenes especiales, que le cuestan al país más de 2,5% del PIB, o gravar mega-pensiones de casi $350 millones al año que no pagan un peso de impuestos.
La propuesta dice ser un sistema de pilares, pero la realidad es que el componente contributivo, que es el grueso de la reforma, propone que el sistema de prima media se lleve el 90% de los cotizantes, dejando el sistema de ahorro individual reducido a su mínima expresión. Por esto, el proyecto es un regreso masivo al régimen público de reparto. Y es claro que estos regímenes funcionan como pirámides: solo son sostenibles si hay más jóvenes entrando en la base para pagar las mesadas de las personas mayores.
Ningún país en el mundo, consciente de las tendencias demográficas actuales, está ampliando su régimen de prima media. Todo lo contrario: están tratando de incentivar el ahorro individual para contrarrestar las gigantescas cargas fiscales que genera una población cada vez más envejecida. Colombia sería entonces un bicho raro a nivel global si, con las realidades del siglo XXI, obligáramos a que nueve de cada 10 personas aporten exclusivamente en una pirámide que en pocos años se quedará sin recursos.
Lamentablemente, este contrasentido es posible porque también ha sido un inamovible que el umbral obligatorio por el cual todos tendremos que cotizar en Colpensiones sea de tres salarios mínimos y no de uno, como lo proponen la mayoría de los analistas.
Los expertos han alertado también sobre efectos negativos en el ahorro nacional y en el funcionamiento del mercado de capitales. Además, advierten sobre los riesgos que existen al crear un gran fondo de ahorro público, que podría terminar siendo usado por cualquier gobierno de turno para gastos que no corresponden al pago de pensiones.
Con tantos inamovibles, es prácticamente imposible que se resuelvan los problemas de baja cobertura, inequidad y sostenibilidad de nuestro sistema de retiro.
No nos confundamos: hay reformas que tienen elementos positivos pero que no alcanzan a clasificar como buenas reformas. La propuesta pensional es una de esas. Por eso, la responsabilidad del Congreso es mayúscula, para corregir las fallas que impiden que este proyecto sea la verdadera solución que necesitan las generaciones actuales y futuras de colombianos.