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El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario dieron a conocer el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2021, el cual se elabora desde el año 2007. Como era apenas lógico, la pandemia causó estragos en todo el país por lo que dicho índice cayó en 15 de las 32 capitales colombianas.
Digamos que esa es la mala noticia. No obstante, con el ánimo de ver el vaso medio lleno, también hay que reconocer algunos hechos optimistas. Mientras Bogotá, Medellín y Tunja van adelante en materia de competitividad, la ciudad de Ibagué mejoró dos casillas su posición en el ranking, aunque debemos señalar que con una calificación de 5,64 sobre 10 todavía la capital del Tolima está a medio camino de los niveles de excelencia, y así las demás ciudades al revisar una por una.
De los 16 pilares analizados en dicho informe, quiero detenerme en el cuarto, que corresponde a infraestructura, transporte y logística. Señala de manera contundente que “las necesidades de infraestructura en el país requieren una inversión aproximada de COP 382 billones en todos los sectores, incluyendo COP 257 billones en transporte”. En este punto es necesario insistir hasta el cansancio para que este rubro reciba mayores recursos en el Presupuesto General de la Nación.
Cuando uno recorre Colombia por carretera comprueba con suma preocupación por qué ocupamos el puesto 104 entre 141 países en calidad de la infraestructura de transporte terrestre. Básicamente, no tenemos vías en las buenas condiciones que un país debería tener para ser competitivo. Se requiere una eficiente conectividad física que facilite el transporte de personas y de carga por vía terrestre. Las cifras del mencionado informe son elocuentes: “Solo siete departamentos cuentan con más del 73 % de sus vías pavimentadas en buen estado, mientras que 12 registran que, a lo sumo, el 3 % de sus vías no pavimentadas se encuentra en buen estado”.
¿Qué hacer? Se lo dijimos recientemente a la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco y al director de Invías, Juan Esteban Gil, en un debate de control político de la Comisión Quinta del Senado, donde evidenciamos apenas una arista del problema: las vías terciarias, que son las que unen a las cabeceras municipales con sus veredas y a las veredas entre sí.
Tenemos 140.000 kilómetros de vías terciarias y 95% están en condiciones intransitables; incluso, hay departamentos donde apenas el uno por ciento está en estado decente.
Cuando uno por fin logra llegar a estos territorios, todo lo que sus habitantes reclaman con sobradas razones es una vía en buen estado para ser actores reales de la economía, pero también para acceder a los servicios de salud sin morir en el intento.
Una carretera pavimentada y con las debidas condiciones de seguridad traerá bienestar a los pobladores y mayores oportunidades para los jóvenes de las regiones.
Históricamente a este red terciaria se le ha dado un trato de quinta, negándoles la posibilidad a las 30.000 veredas que componen el país de ser parte activa del progreso.
Finalmente, suscribo la visión del CPC para superar con éxito el impacto negativo que trajo la covid-19: “la capacidad para afrontar esta crisis al menor costo, de recuperarse y de adaptarse a la nueva realidad, depende del aumento de la productividad, por ser la condición estructural para procurar crecimiento, sostenibilidad e inclusión”.
