Diálogo sí, pero con límite

Las recientes manifestaciones de ciudadanos representando a todos los sectores del país realizadas en varias de las principales ciudades, nos están dando un mensaje muy claro de una mesa de negociación informal instalada en todo el territorio nacional, en la que el pueblo pide, que ante la gravedad de los hechos que se vienen presentando, se respeten como prioritarios los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la libre locomoción, a la salud… cuando estos se ven afectados por marchas o protestas de diferentes colectivos, que se desbordan en la búsqueda de intereses políticos ejerciendo una legitimidad y representación precarias.

Nadie discute que unas marchas pacíficas se realicen para promover reivindicaciones de diferentes colectivos, pero lo que no tiene sentido es el abuso de este derecho, afectando el normal funcionamiento de todo un país y sus fuentes de empleo y productividad, convirtiendo este derecho en absoluto y por encima de otros que tienen mayor jerarquía y precedencia, con las graves consecuencias que estamos viviendo. Ciudadanos que plantean en esta mesa informal de negociación, que la autoridad intervenga de manera contundente en el levantamiento de los bloqueos para que las vías, que constituyen el torrente circulatorio del territorio nacional, no se paralicen indefinidamente, con las graves consecuencias que esto ya está generando para todos, sin discriminación de situación y/o clase social.

Que pide con angustia el respeto y respaldo a la fuerza pública en su misión de garantizar la primicia del orden, el derecho y la institucionalidad, circunstancia que está prevista en nuestro ordenamiento jurídico al ponerse en cabeza de ella la importante responsabilidad de garantizar el orden político cuando hubiere lugar a ello. Se plantean igualmente unos ideales de unidad, solidaridad e integración en la búsqueda del interés común de sacar adelante a Colombia, superando las dificultades y problemas que tenemos, que no son pocos, pero que con destruir, lo que estamos logrando es profundizar la crisis y la pobreza.

El único camino es construir, es unirnos bajo la consigna: Colombia, en la que todos debemos aportar. Los diálogos se están diluyendo en una mesa de negociación que no representa al país nacional, con dificultades de llegar a acuerdos lógicos y viables, con unas exigencias, algunas ya cumplidas como el retiro de la reforma tributaria y al régimen de salud, y otras que desbordan cualquier posibilidad como el pliego de 88 mil millones de pesos. Mientras las exigencias no aterricen en peticiones razonables distinguiendo las inmediatas coyunturales de las que exigen tiempo para su ejecución, difícilmente la mesa de negociación podrá avanzar, lo que unido a la convocatoria de paros periódicos y debidamente pro- gramados que paralizan el país y que se han convertido en caldo de cultivo para la propagación del covid-19, con las nefastas consecuencias para la conservación de la salud y vida de muchos compatriotas, superándose cualquier previsión, todo lo cual hace prácticamente imposible llegar a una solución.

El optimismo con que iniciamos el 2021 con un primer trimestre en el que creció la actividad económica en 1.1%, superándose la recesión que traíamos del 2020, se va a ver seriamente afectado por la parálisis que estamos viviendo a causa de los bloqueos de vías y paros escalonados, lo que para mayo, según estimativos de Fedesarrollo va a generar un costo económico que oscila entre $4,8 billones y $6,1 billones, frente a los $6 y 10,8 billones de pesos que prevé el Gobierno.

Nadie está obligado a lo imposible, y la autoridad legítimamente constituida, que representa y está comprometida con los intereses de la nacionalidad, debe actuar con la claridad de que el proceso de negociación tiene sus límites en los derechos fundamentales y en todo aquello que atente contra la normal convivencia ciudadana, que la constitución protege y la autoridad debe garantizar. Para salir adelante como país debemos apoyar la reactivación económica que nos permitirá dar respuestas al empleo y a los recursos que se requieren para los programas sociales y así avanzar con el concurso de todos, en las prioridades que el país necesita.