Hacia una transición energética justa para Colombia

No son pocas las voces que recientemente han insistido en la necesidad de ser prudentes en decisiones fundamentales en materia de transición energética en Colombia. Desde la academia, empresas, gremios, hasta exministros, han llamado la atención al gobierno sobre la mesura con que deben abordarse asuntos como las restricciones/prohibiciones a la actividad minera de carbón, las consecuencias de estas prohibiciones para las regiones mineras, la negativa a firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, las cargas tributarias impuestas a la industria minera, petrolera, pero también a los proyectos renovables vía transferencias.

En una interpretación de las decisiones críticas asociadas a la transición, Alex Epstein en su obra “El Futuro Fossil”, sostiene que “… las políticas propuestas hoy para eliminar rápidamente el uso de combustibles fósiles, si se implementaran por completo, tendrían consecuencias verdaderamente apocalípticas, convirtiendo al mundo en un lugar empobrecido, peligroso y miserable para la mayoría de las personas..”.[1]

Por su parte, Paul Krugman, en una reciente columna publicada en el periódico El País manifestó, “…Ahora lo que me preocupa. Estados Unidos tiene por fin una estrategia climática seria. Sin embargo, esta depende no solo de que la energía solar y eólica se expandan, sino también de la conexión de estas fuentes de energía a la red eléctrica. Pero la red eléctrica estadounidense no tiene capacidad suficiente y, en general, es un desastre”. Esta inquietud también es válida en el caso colombiano. Sin capacidad de transmisión suficiente y oportuna no hay transición energética. Para la muestra, el caso de Colectora, cuya entrada en operación ahora se estima para e2026 y, además, la preocupación por los crecientes conflictos con las comunidades, ahora con los proyectos del sector eléctrico, incluidos los de transmisión.

Dicho esto, en nuestra opinión, la transición energética tiene unos apellidos que no pueden ser ignorados. Transición energética responsable, ordenada, incluyente, soberana y solidaria. Cada una de estas aristas de la transición, comporta decisiones de política pública y regulación que tienen un impacto directo en la vida diaria de millones de personas según su entorno. No es posible hacer copy-paste de la transición energética, que peligroso sería pensar de esa manera. Por lo tanto, la transición energética debe ser planificada desde nuestros recursos propios, desde nuestra realidad socio- económica, desde nuestra responsabilidad en términos de emisiones, desde nuestro desarrollo tecnológico, industrial y, sobre todo, desde nuestra responsabilidad social.

En efecto, “No dejar a nadie atrás”, pero también “No olvidar a los que vienen” deben ser premisas de una humanización de la transición energética que, con acción de presente y visión de futuro, tenga en cuenta a los empresarios, a los usuarios, a las comunidades de especial protección constitucional, a los colectivos vulnerables, a las familias en condición de pobreza, es decir, a quienes deseamos cuenten con unas mejores condiciones de vida y la energía, a precios asequibles, es esencial para ello.

Decía recientemente en una entrevista Francesco La Camera, director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable, que …el viejo sistema, el que está centralizado y basado en combustibles fósiles, no puede apagarse en un día…” [2] y que “Todo debe estar balanceado. Tenemos que entender que hay una demanda de energía que se necesita para el desarrollo. Y esta demanda irá en aumento, especialmente en África y el Sudeste Asiático”. Porque no entonces, bajo esa lógica, consideramos también en nuestra transición justa, la energía que Colombia necesita para su desarrollo, haciendo un aprovechamiento de todas nuestras fuentes (renovables y no renovables), a partir de un balance entre seguridad de suministro, independencia energética, asequibilidad para el usuario, diversificación de nuestro mix de generación, impulsando también las nuevas tecnologías (hidrogeno y el CCUS). Así, un sector minero-energético robusto, atractivo para la inversión, justo e incluyente con empresa y usuarios, puede ser una industria estratégica para, en conjunción con otras políticas públicas, apalancar nuestra transición social, es decir, que nos permita avanzar en la reducción de las inaceptables condiciones de pobreza y desigualdad de nuestro país.

[1] Epstein, J (2022). Fossil Future.
[2] Camera, F. (2023): https://www.arabnews.com/node/2267286/business-economy