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Francia atraviesa una situación económica complicada, marcada por un déficit fiscal en aumento y una deuda pública que preocupa a los mercados financieros. Se espera que el déficit, es decir, la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que recauda, llegue al 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2024. A su vez, la deuda pública alcance el 115% del PIB en 2025. Esto quiere decir que el país gasta mucho más de lo que ingresa, acumulando deudas a un ritmo alarmante.
Para poner esto en perspectiva, es como si Francia fuera una familia que necesita pedir dinero prestado para cubrir sus gastos porque no le alcanza con lo que gana. Si esa familia sigue pidiendo prestado sin ajustar sus gastos, los prestamistas dudarán que puedan devolver el dinero. Algo similar ocurre con el gobierno francés y los inversores que compran sus bonos.
Los bonos, recordemos, no son más que préstamos que los inversores le hacen a un país o una empresa. A cambio, estos inversores reciben pagos de intereses. Pero si ven que un país está muy endeudado o que no maneja bien sus finanzas, piden tasas de interés más altas para compensar el riesgo de que el país no pague. Eso es lo que sucede con los bonos franceses: los inversores demandan intereses más altos porque confían menos en la estabilidad de la economía.
Francia, además, está en una posición más delicada que otros países europeos, como España. Mientras las tasas de interés de los bonos franceses suben, España mantiene una situación más estable. Esto se debe a que la economía española creció un 2,7% en 2023, frente al modesto 0,7% de Francia, y a que manejó mejor el control del gasto público. En contraste, Francia sigue gastando a lo grande, sobre todo debido a las medidas implementadas durante la pandemia, como ayudas para empresas y hogares, y topes en los precios de la energía. Aunque estas medidas fueron necesarias en su momento, le costaron al país €69 mil millones entre 2022 y 2023.
El nuevo primer ministro, Michel Barnier, presentó un presupuesto que incluye recortes en el gasto y aumentos de impuestos para tratar de encarrilar las finanzas del país. Su plan busca ahorrar €60 mil millones, de los cuales dos tercios vendrían de recortes y el resto de impuestos, incluyendo uno temporal a las grandes empresas. Sin embargo, su propuesta enfrenta resistencia, tanto de la izquierda como de los seguidores de Marine Le Pen, lo que debilita la posición del gobierno.
Para complicar aún más las cosas, agencias calificadoras de crédito como Fitch y Moody’s consideran bajar la calificación del crédito de Francia. Estas agencias evalúan la capacidad de un país para pagar sus deudas, y una baja en la calificación podría hacer que a Francia le resulte aún más caro pedir prestado en el futuro.
En resumen, Francia se enfrenta a una encrucijada económica. Con una deuda pública en ascenso y un déficit que pone nerviosos a los inversores, el país debe tomar decisiones difíciles. Las medidas fiscales propuestas buscan estabilizar la situación, pero el desafío político y la desconfianza de los mercados complican el panorama.
Las cosas como son.
