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Analistas 08/06/2019

Tierra legal y productiva

Myriam Martínez Cárdenas
Directora General de la Agencia Nacional de Tierras
Analista LR

Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, contenido en la Ley 1955 de 2019, la Agencia Nacional de Tierras asumió nuevos roles y se reafirma como una institución indispensable dentro del proceso de inventario y registro de tierras, para el ordenamiento social de la propiedad rural y en los pactos por el desarrollo integral del campo colombiano.

Y justo, coincidiendo por estos días con la celebración del Día del Campesino, precisamente con estas nuevas herramientas del Plan, la gestión de la Agencia ayudará a construir el registro administrativo de los predios rurales, lo que se conoce técnicamente como el catastro rural.

El desafío no es menor. Se trata de levantar el inventario estadístico, fundamental para ejecutar la política rural, de formalización y distribución de las tierras en Colombia, en función de mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. Es ni más ni menos, que el punto de partida para desarrollar toda la política rural, sobre bases sólidas de legalidad, emprendimiento y equidad que se han venido consolidando bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y la coordinada ejecución entre el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia y la Agencia Nacional de Tierras. Esta ecuación, sin duda, dará como resultado más productividad.

A partir de la vigencia del nuevo Plan de Desarrollo, la Agencia queda empoderada para levantar los componentes físico y jurídico del catastro, necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además, quedó establecido por mandato de la ley del Plan, que la Agencia intervendrá de manera decisiva en la elaboración del Catastro rural, incorporando la información levantada en el suelo rural de su competencia y alimentará el sistema de información que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Igac defina para el efecto.

También especifica que “para el levantamiento de los demás componentes, así como la información correspondiente al suelo urbano, el gestor catastral o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Igac deberán coordinar con la Agencia Nacional de Tierras - ANT para completar la intervención integral catastral”.

Son tareas que no dan más espera y que requieren alta especialización, rigor técnico y total transparencia, principios y valores que precisamente rigen la gestión de la ANT, máxima autoridad de la Nación en estas materias. Sin duda, el fortalecimiento presupuestal y financiero serán determinantes para llevar a buen puerto este compromiso, que le dará a los colombianos certeza y estabilidad jurídica tanto en la propiedad de la tierra como en su valor real.

Asumimos este reto que nos plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos comprometidos a fondo desde el Gobierno Nacional y especialmente desde la Agencia a responderles a los campesinos, a las minorías étnicas, a la mujer rural y a las comunidades, que por generaciones han esperado que el Estado ponga la tierra en orden.

Esto representa un gran desafío, porque compromete el presente y el futuro de Colombia. Por eso, en buena hora estamos dando los pasos en la dirección correcta, fortaleciendo la institucionalidad como lo hace el Plan Nacional de Desarrollo.

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