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El hurto de la infraestructura de acueducto y alcantarillado es un fenómeno que no solo afecta la correcta prestación de los servicios públicos, sino que se ha convertido en la causante de decenas de accidentes que han resultado en afectaciones severas y hasta en la muerte de personas que, lamentablemente, fueron víctimas de la inconciencia del vandalismo.
Tan solo en lo corrido de 2024, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha reportado el hurto de 3.331 tapas del sistema de alcantarillado y de 11.849 medidores del acueducto; robos que, en el primer caso, debe asumir la Empresa y, en el segundo, las consecuencias de este delito deben ser pagadas directamente por el usuario, quien legalmente es el dueño del medidor.
Que un delincuente se robe una tapa plástica del alcantarillado, la cual vende por unos pocos pesos en el mercado negro, trae como consecuencia graves accidentes de tránsito, en los cuales son los ciclistas y motociclistas los más perjudicados, aunque también los peatones y vehículos livianos pueden verse seriamente afectados. Casos como el del año pasado en el que falleció un niño al caer en una alcantarilla sin tapa, o como el de la semana pasada en el que un taxi fue noticia por volcarse debido a una tapa faltante en plena vía, son situaciones que podrían evitarse si la delincuencia no estuviera ensañada con esta infraestructura.
Desde hace más de 15 años la Eaab-ESP empezó el cambio de tapas de hierro, que eran comercializadas en chatarrerías ilegales por su alto valor comercial, por tapas plásticas; sin embargo, aunque el delito disminuyó, los ladrones las siguen robando para usarlas, presuntamente, en la elaboración de escobas. Con corte a octubre de este año hemos tenido que gastar más de $3.438 millones en la reposición de esta infraestructura.
En el caso de los medidores, la situación es aún peor. Los delincuentes no solo hurtan el aparato, también se llevan la tapa y convierten estos espacios en trampas para los peatones, generando interrupciones en el servicio y desperdicio del agua, justo en esta época en la que nuestro llamado constante es a cuidar este recurso. Adicionalmente, como el medidor es propiedad de la usuaria o del usuario, son ellos quienes deben asumir su reposición, cuyo valor puede costar, en promedio $390.000. Por ese flagelo, el total de afectados ha tenido que pagar más de $4.600 millones.
Por todas estas razones activamos la campaña “Aguas con la Seguridad”, una estrategia que busca promover en la ciudadanía nuestros canales de denuncia, como la Acualínea 116, para que delaten delitos como el robo de este tipo de infraestructura, elementos fundamentales para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Otra acción para reforzar este propósito fue la firma de la “Alianza por la Legalidad” que suscribimos con las empresas Enel y Vanti este año, con la cual buscamos unir esfuerzos para generar y desarrollar estrategias técnicas y legales que logren combatir la defraudación de fluidos y proteger la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de Bogotá y sus alrededores.
Mi invitación hoy es a unirnos, como habitantes de Bogotá, nuestra ciudad, nuestra casa, para combatir este delito que pone en riesgo la vida de las personas y genera altísimos costos económicos para el Distrito y para la ciudadanía.
Ñapa: Aunque los niveles de llenado del Sistema Chingaza superaron 52%, no debe percibirse como una señal para bajar la guardia, aún seguimos lejos de levantar el racionamiento. Lo que si debe seguir cambiando es nuestra relación con el agua, a partir de la premisa que nos recuerda, todos los días, que por un futuro sostenible, cada gota cuenta.
