¿Es momento de una reforma laboral?

Hoy tenemos el índice de desempleo más alto registrado en la historia del país, en los últimos 30 años. Cerca de 15 millones de personas no tienen un trabajo formal y, debido a la pandemia, los pronósticos indican que la cifra sólo continuará creciendo.

Según el Dane, el desempleo en 13 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en el mes de mayo en 24,5%, que resultan ser también los lugares con las mayores medidas de confinamiento y afectación por el covid-19. ¿Qué pasará con ésta población que no tiene estabilidad laboral y la situación les impide salir a buscar empleo? ¿Cuáles son las alternativas y reglamentación que darán salida al desempleo durante la vida en cuarentena?

Una respuesta por parte del Gobierno Nacional se da a través del decreto 770 del 3 de junio del 2020. Allí se establecen, mediante mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, alternativas para redefinir horarios, pagos de primas en cuotas y demás. Una respuesta rápida pero incompleta, ya que no toma en cuenta la asimetría de poder que está implícita entre jefe y empleado, no esclarece los parámetros para el teletrabajo, ni contempla nuevas formas de empleo. No se debe hacer una reforma laboral por decreto, es necesario incluir al Congreso en la discusión.

Una segunda respuesta llega del Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación con la Misión de Empleo: que promete ser una solución favorable para frenar el desempleo, generar alternativas para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas, la articulación de sectores económicos que permita pertinencia educativa y competencias que satisfagan las demandas del mercado laboral.

Considero que hay siete temas cruciales que deberían abordarse dentro de la Misión de Empleo para que la política de trabajo digno se acerque a la realidad de los colombianos:

En primer lugar, es necesario descentralizar las entidades del Gobierno Nacional y establecer un salario mínimo diferencial por región: el costo de vida y las actividades productivas del agro y la industria varían dependiendo del lugar donde se desarrollen y la centralización de recursos y toma de decisiones imposibilita que sus sectores se desarrollen satisfactoriamente.

En segundo lugar, es indispensable repensar la diferencia entre generación de ingresos y empleabilidad, por ejemplo, qué sucede con todas las personas que cubren sus necesidades básicas, pero no logran pagar sus aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión. Un gran porcentaje de este grupo son personas que trabajan en la informalidad, que necesitan ser tomados en cuenta para encontrar salidas que les garanticen una vida digna para la vejez.

En tercer lugar, es imperativo que se cree una política clara frente al teletrabajo. Si bien a través de la ley 1221 de 2008, el decreto 884 de 2012 y el decreto 1072 de 2015, se ha reglamentado el teletrabajo y existe la Red Nacional para su Fomento, fue el aislamiento preventivo quien paso al teletrabajo de ser opción a una necesidad y se vuelve evidente que la reglamentación actual no es suficiente.

Hay que discutir nuevos parámetros como la inclusión en el salario de un subsidio para acceso a internet, así como el ajuste de las jornadas laborales. Si la virtualidad necesita ajustes también las políticas de empleo presencial los requiere, para responder a los nuevos desafíos.

Por eso, en cuarto lugar, se deben reconocer las necesidades de las nuevas generaciones que entran al mercado laboral y las condiciones en las que se encuentran los sectores productivos: buscar un balance donde no se vulneren los derechos del trabajador, la remuneración sea justa y se creen nuevas fuentes de empleo.

En quinto lugar, es momento de pagar la enorme deuda social que tenemos con dos sectores que requieren una política de talento humano especial: el campo y la salud. Los trabajadores rurales requieren horarios flexibles y una reglamentación que se ajuste a los ciclos de cosechas.

Necesitan solidaridad del Estado para que un trabajador del campo tenga la certeza que en algún momento podrá recibir la pensión como fruto de su trabajo. Los trabajadores de la salud se vienen ahogando en contratos por prestación de servicios a 15, 30 o 60 días, merecen una legislación que les garantice estabilidad, continuidad y justa remuneración por su trabajo y servicio.

Para terminar, en sexto lugar, es absurdo que los trabajadores de plataformas tecnológicas de economía colaborativa como Uber y Rappi, tengan ya un gremio (Alianza In) y cerca de 200.000 personas que dependen de ellas para generar sus ingresos, pero no, una reglamentación y regulación clara que defina las relaciones laborales y las contribuciones tributarias. Así mismo, y por último, Colombia requiere una política laboral para migrantes que defina su contribución en la reactivación económica, la identificación de talentos y el impacto en el desarrollo productivo de las regiones apartadas.

En conclusión, son estos y muchos otros temas que se deben abordar de manera interdisciplinaria y consciente para que esta misión sea exitosa y no inútil. La misión de empleo tiene la enorme responsabilidad de trazar un camino de esperanza, aumentar la productividad y dignificar al trabajador colombiano. Debe, de la mano de empresarios, gremios, sindicatos, la academia y el gobierno, establecer la concertación que lleve a una reforma laboral que no sea sólo la respuesta a la crisis actual, sino las bases para una nueva política laboral.