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En Colombia es un privilegio llegar a la educación superior. Según el Ministerio de Educación, de cada 10 bachilleres solo cuatro continúan sus estudios, y apenas dos ingresan a instituciones de calidad, lo que corresponde a 20%.
¿Qué estamos haciendo para garantizarle a los colombianos el acceso a la educación? Hace algunas semanas el proyecto de Ley 129 de Senado pasó su primer debate, pero no tiene en cuenta las lecciones aprendidas del pasado: para avanzar en el derecho a la educación no se necesitan solo buenas intenciones. Pareciera que, en lugar de avanzar en este derecho, solo se quiere ahondar en los privilegios.
El Proyecto “Bono escolar “de la senadora Paloma Valencia busca que las familias en condiciones de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema puedan elegir en qué institución educativa inscribir a sus hijos para educación prescolar, básica y media, sin importar si es privada o pública.
Con un “bono universal” y un “bono complementario”, el Estado cubriría todo lo correspondiente a la educación y servicios complementarios que pueda tener el estudiante. Este tipo de programa en el que se entregan subsidios escolares a particulares ya lo habíamos escuchado en 2014 cuando se implementó el programa “Ser Pilo Paga”.
Con créditos 100% condonables se ofreció la oportunidad a 40.000 jóvenes para ingresar a alguna de las 47 instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad para que se profesionalizaran. La única condición para condonar 100% del valor era terminar la carrera escogida.
El criterio para seleccionar a los estudiantes que harían parte de Ser Pilo Paga son exactamente los mismos que los del programa Bono escolar: puntaje en el Sisben y la excelencia académica; y, aunque ambas iniciativas no comparten el criterio de condonación, si comparten otras características que resultan problemáticas.
Uno de los mayores problemas que tuvo Ser Pilo Paga fue la inequitativa distribución entre instituciones públicas y privadas, destinando 85% de los cupos disponibles a estas últimas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Según la investigación realizada por Leopoldo Múnera y Andrés Mora (en 2018) el dinero que podría representar 200.000 cupos en instituciones públicas permitió acceder solo a 39.998 estudiantes.
Y no solo eso, sino que de los cupos totales que fueron otorgados, 10% de estudiantes desertaron (4.052), lo que les generó una deuda impagable para ellos y sus familias que todavía siguen pagando, es decir hipotecaron parte de su vida.
Por otro lado, se disparó el precio de las matrículas, por ejemplo, cuando inició el programa, el promedio del costo del semestre en las universidades privadas era de $10 millones, y para 2019 el valor aproximado de la misma carrera era casi de $20 millones, es decir que subió el doble en cuatro años.
Sabemos que es innegable el impacto positivo que tuvo para los jóvenes que culminaron el programa, pero no representó una reducción real en la desigualdad. Esto mismo podría pasarle al programa “Bonos escolares”.
Para garantizar el derecho a la educación necesitamos un sistema educativo que responda a las necesidades de todos y cada uno de los colombianos, que nos entregue los conocimientos necesarios para nuestra vida laboral, el desarrollo de nuestro país, y ser mejores ciudadanos para vivir en paz.
La educación no debe ser un privilegio para algunos pocos, debe ser un derecho universal; pertinente a nuestros retos regionales; de calidad sin depender a las condiciones socioeconómicas del estudiante, y donde el dinero no sea un obstáculo para acceder a ella.
