El mal menor

Colombia enfrenta una situación fiscal delicada que exige decisiones difíciles para 2024 y 2025. Si se compara el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2023 con el Mfmp de 2024, se encontrará que para 2024 el país necesita un recorte de $43 billones en su gasto primario (el gasto público sin contar intereses). Sin embargo, los recortes anunciados están muy lejos de alcanzar esa cifra. De los $20 billones de recorte decretados en el Decreto 952 de 2024, solo $12 billones corresponden a un recorte real del gasto primario. Los otros $8 billones corresponden a un pago al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) por concepto del subsidio a los combustibles que se hará con Títulos de Tesorería (TES) y no con efectivo. Es decir, se paga una deuda con otra deuda, lo cual no constituye un recorte real de gasto.

Para 2025 la situación es igualmente difícil y sólo hay tres opciones.

La primera opción es un recorte significativo del gasto, en particular de la inversión pública. Esto obedece que los recortes en gastos de funcionamiento son extremadamente difíciles, ya que casi 20% corresponde a gastos de personal, que son complicados de reducir, y más de 75% son transferencias corrientes, la mayoría con origen legal o constitucional. Por lo tanto, si se tiene que hacer un recorte de gasto, la mayor parte del recorte de gasto tendría que venir de la reducción de la inversión pública. De hecho, el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 ya anunciaba una caída de la inversión pública en 33% real, pasando de $106 billones a $70 billones constantes de 2024. La disminución de la inversión pública retrasará proyectos esenciales para el desarrollo económico y social del país. También tendría un efecto multiplicador negativo sobre el crecimiento económico.

La segunda opción es una reforma tributaria que aumente significativamente el recaudo, mucho más allá de lo alcanzado con la reforma de 2022. En este contexto, no tiene sentido reducir la tarifa nominal del impuesto de renta de 35% a 30%, dado que esto podría reducir el recaudo en casi $15 billones anuales. En vez de esto, debería considerarse aumentar la tarifa de tributación depurada de 15% a 20%, para acotar aún más los injustos beneficios tributarios, la mayoría concentrados en las grandes empresas como lo mostramos recientemente en un informe del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Tal medida sería, hay que reconocerlo, insuficiente. Deben considerarse también modificaciones al impuesto de renta de personas naturales, al régimen SIMPLE, a los Regímenes Tributarios Especiales y/o al IVA. Todas estas opciones golpean el bolsillo de los colombianos bien sea a través de sus ingresos y su consumo o bien a través de la generación de empleo e inversión por parte de las empresas.

La tercera opción es ignorar la regla fiscal (la norma que limita el gasto público), lo que implicaría mayores necesidades de endeudamiento público. Sin embargo, no cumplir con la regla fiscal puede hacer que el endeudamiento se vuelva prohibitivamente caro o muy difícil de conseguir, dado que los inversionistas dudarán (con toda la razón) del compromiso del gobierno con la sostenibilidad de las finanzas públicas. De no conseguirse la financiación, lo cual es muy probable si el país decide ignorar la regla fiscal, se entraría en riesgo de impago, bien sea de la deuda pública o de las demás obligaciones que tiene el estado para su funcionamiento. Tal escenario desataría una crisis económica sin precedentes. Un informe del Banco de Bogotá señala que Colombia ya ha estado peligrosamente cerca de niveles muy bajos de saldo en el tesoro nacional, lo que subraya que este escenario no es tan improbable como se puede pensar a primera vista.

En este contexto, la peor de las opciones es ignorar la regla fiscal. Colombia debe considerar una combinación de las primeras dos opciones (recorte de gasto y reforma tributaria) para mantener la estabilidad fiscal. Es crucial que la Ley de Presupuesto que se presentará el 20 de julio sea consistente con el gasto primario especificado en el Mfmp 2024, lanzado hace algunas semanas. Esto garantizará que las políticas fiscales y económicas del país se alineen con las metas de sostenibilidad a largo plazo y eviten la exposición a riesgos financieros que puedan comprometer la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, es improbable que la Ley de Presupuesto sea consistente con el Mfmp 2024 a no ser que se implementen recortes significativos a la inversión pública y/o se acompañe de una ley de financiamiento que incluya ajustes tributarios.