La financiación del sistema de educación superior

La financiación del sistema mixto de educación superior en Colombia se ha estructurado históricamente en torno a dos enfoques principales: la financiación de la oferta y la financiación de la demanda. Estos modelos han evolucionado con realidades económicas y políticas distintas, lo que ha generado desafíos en términos de sostenibilidad financiera, equidad en el acceso y calidad educativa.

El financiamiento por la oferta se basa en la asignación directa de recursos públicos a las Instituciones de Educación Superior, IES, permitiendo el sostenimiento de la infraestructura, la expansión de cupos y la garantía de gratuidad o reducción significativa de costos para los estudiantes. Uno de los principales retos de este esquema es la sostenibilidad fiscal, ya que la financiación depende del presupuesto gubernamental, que en períodos de crisis económicas, puede verse reducido, afectando la calidad y la capacidad de las instituciones para atender la demanda creciente.

Además, la gratuidad en sí misma no garantiza tasas de graduación óptimas, lo que sugiere que la inversión en oferta debe complementarse con estrategias de acompañamiento estudiantil y apoyo al sostenimiento. Por otro lado, la financiación por la demanda se enfoca en entregar recursos directamente a los estudiantes mediante becas, subsidios o créditos educativos, permitiéndoles elegir la institución en la que desean formarse. Este modelo ha sido promovido como una alternativa para diversificar la oferta educativa y fomentar la competencia entre las IES, incentivando la mejora de la calidad académica.

En este contexto, el Icetex ha sido la principal entidad encargada del financiamiento por la demanda, otorgando créditos educativos a estudiantes de bajos recursos, pero la falta de apoyo para gastos de sostenimiento sigue siendo una barrera para la permanencia de los estudiantes. La experiencia muestra que, si bien el financiamiento por la demanda permite una mayor flexibilidad en la elección institucional, su efectividad depende del diseño de los programas y de la capacidad de los egresados para acceder a empleos que les permitan saldar sus deudas sin afectar su calidad de vida. La inversión educativa sigue siendo un desafío para lograr las coberturas y el acceso deseado para un país donde muchos jóvenes no ingresan a la educación superior.

También es necesario cuidar la tasa de deserción por cohorte acumulada, que sigue siendo preocupante dado que ya alcanzamos niveles de abandono de 24,15% (Spadies, 2022), lo que refleja la necesidad de políticas de financiamiento que incluyan no solo el acceso, sino también estrategias de retención estudiantil.

La sostenibilidad financiera de nuestro sistema educativo superior requiere un equilibrio entre la financiación de la oferta y de la demanda. Modelos híbridos, que combinen inversión estatal en IES públicas con mecanismos de apoyo directo a los estudiantes, podrían contribuir a garantizar acceso, calidad y equidad en el sector. Alternativas como los préstamos contingentes al ingreso, que ajustan el pago de la deuda según los ingresos del graduado, han mostrado resultados positivos en otros países y podrían ser una opción viable para el nuestro. Asimismo, la consolidación de alianzas público-privadas y la creación de fondos de impacto social y de garantía educativa podrían contribuir a la sostenibilidad del sistema, asegurando que ningún estudiante abandone sus estudios por razones económicas. La financiación de la educación superior requiere reformas que permitan garantizar su sostenibilidad sin comprometer la equidad y el enfoque integral de formación y gestión.