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Indignación, desesperanza, rabia, impotencia. Larga, muy larga, podría ser la lista de calificativos para describir el sentir generalizado ante la libertad de la que hoy gozan 10 de los integrantes de la banda ‘Los Rolex’. Especialistas en robos violentos con armas de fuego y minuciosos seguimientos a sus víctimas; considera un juez de control de garantías que no representan un peligro para la sociedad.
Más de 10 meses de investigación, de trabajo conjunto entre la Policía de Bogotá y Medellín, 14 allanamientos y $100 millones invertidos, terminaron en nada por cuenta de una justicia, en exceso, garantista. Si bien, el Código de Procedimiento Penal es claro al señalar que todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario, también es trasparente para la sociedad que los capturados tenían antecedentes penales y que el acervo probatorio incluía videos de los atracadores en acción e incluso varios de los relojes hurtados.
Ahora, cuando los bandidos están de nuevo en sus andanzas, resulta cuanto menos risible que argumenten que seguirán vinculados al proceso. Y no se trata de pedir que se violen derechos porque los delincuentes, así cueste entenderlo, los tienen. Se trata de inyectar una mínima dosis de ponderación y buen juicio en un país que, producto de la inoperancia del sistema, se fue resignando a vivir con miedo y a ‘no dar papaya’ como vergonzosa máxima.
Es muy delicado que la ciudadanía deje de creer en la autoridad y sus instituciones y más sensible aún, que bajo efectos de una decepción profunda, casi equiparable a la orfandad, prefiera ejercer justicia por mano propia. La confianza, consecuencia y no causa, que se genera cuando las cosas suceden y se pierde cuando no ocurren; implica abordar, con urgencia, aquello que afecta su construcción. Con tino, así resume Latinobarómetro en su reciente informe la que se convierte en el centro del debate, pero además, con resultados, refleja el porqué del éxito de algunos autoritarismos.
Para la medición 2024, la mayor confianza en el poder judicial la registraron los salvadoreños con un 51%, mientras los colombianos nos quedamos con un tímido 23%. Cansados de una impunidad que reconoce hasta la propia Fiscal General al revelar que a juicio llega solo 5% de la delincuencia que azota el territorio nacional; la animadversión toma fuerza y en año preelectoral emergen discursos cercanos a la estrategia de Nayib Bukele: mano dura y megacárceles.
La realidad es que la cadena solo funciona si la Policía, cual ocurrió en este caso, invierte en inteligencia, cumple el debido proceso; la Fiscalía con rigor sustenta y; la justicia, aquí está la bolita, apunta a ser empática con el padecimiento de la gente en las calles. Con los millones de personas que, a diario, salen de sus casas con el celular guardado, el morral abrazado a dos manos, las joyas ocultas en sus bolsillos y la premura de regresar al hogar antes de que oscurezca y la noche se convierta en coequipero de los malandros.
Por el momento, antes de perder la poca fe que aún se resiste a salir corriendo, nos queda, como instancia superior, la Comisión de Disciplina Judicial que ya abrió investigación al juez que dejó libre a 9 de los 10 integrantes de la banda en cuestión y avanza, de otro lado, la apelación de la Fiscalía. Aunque a decir verdad, será casi imposible recapturarlos. Entre tanto, recuerden que en Colombia el peligro, para algunos jueces, es relativo y que, a papaya puesta...