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La solución definitiva a la pandemia del covid-19 será un nuevo tratamiento o vacuna. Hasta entonces, una variedad de suministros médicos, desde desinfectante de manos hasta ventiladores, puede contribuir a combatir el virus. Sin embargo, un gran número de regulaciones, prohibiciones y trámites burocráticos obstaculizan ambas rutas.
Todos los países necesitan acceso barato a suministros médicos. Pero muchos gobiernos aumentan innecesariamente sus precios a través de aranceles a las importaciones. Por ejemplo, América Latina es la región del mundo con el arancel promedio más alto sobre los medicamentos.
Brasil y Colombia han mostrado liderazgo al exonerar de aranceles y otros impuestos a los medicamentos, vacunas y otros suministros médicos relacionados al covid-19. Pero, al ser medidas temporales, crean incertidumbre en los exportadores y atentan contra la preparación para futuras pandemias. La desgravación arancelaria debe hacerse permanente, quizás a través de un acuerdo legal obligatorio administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las prohibiciones sobre la exportación de suministros médicos son aún más problemáticas. Para finales de abril, 80 países y territorios habían instituido algún tipo de límite a las exportaciones. Si bien estas medidas pueden garantizar el acceso de corto plazo a existencias de suministros, causan disrupciones significativas en las cadenas de producción. Por ejemplo, los ventiladores tienen más de 700 componentes que provienen de diversos países.
El covid-19 es una enfermedad recién identificada. Por lo tanto, la innovación será crucial para una solución de largo plazo, pero no solo en la invención de terapéuticos y vacunas, sino también en su producción masiva y rápida distribución alrededor del mundo. El sector privado, generalmente en alianza con universidades e institutos de investigación públicos, ha respondido rápidamente. Más de 140 tratamientos y vacunas experimentales están siendo desarrollados alrededor del mundo, incluyendo 11 que ya se encuentran en pruebas clínicas.
Los gobiernos pueden ayudar de dos formas. Primero, no deben bloquear el flujo transfronterizo de información clínica y epidemiológica esencial para los esfuerzos de investigación y desarrollo. Segundo, deben evitar suspender los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier vacuna o tratamiento que surja en los próximos meses. Ecuador y Chile ya han hecho gestiones en ese sentido, mientras que Costa Rica lidera una iniciativa dentro de la OMS para establecer nuevas reglas que obligarían a compartir estos derechos. Eso es un gran error. El mundo necesita que más compañías se unan en la búsqueda de nuevos medicamentos, pero estas políticas más bien envían un fuerte mensaje disuasorio.
Además, podrían causar un enorme problema logístico. Si los derechos de propiedad intelectual fueran cooptados, ningún gobierno tiene la capacidad de producir miles de millones de dosis de vacunas y medicamentos. La cooperación con los titulares de derechos es preferible a la confiscación.
Las soluciones a la crisis decovid-19 vendrán del libre movimiento de suministros médicos y de la innovación de un gran número de laboratorios alrededor del mundo. Es imperativo que los esfuerzos de los gobiernos no se conviertan más bien en obstáculos.
