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En diálogo con los diversos sectores de la sociedad, el BID ha construido una visión de largo plazo en la que se destaca la oportunidad que tiene Colombia de entrar al ranking de los países con altos ingresos, eliminando la pobreza extrema y con una amplia clase media en el transcurso de los próximos 20 años.
No cabe duda de que, para lograr el avance y la consolidación de esta visión, el país enfrenta desafíos en tres grandes áreas estratégicas: aumentar la productividad, mejorar la efectividad de la gestión pública, y asegurar mayor movilidad social.
Si bien, dentro de las acciones que contribuyan en el corto y mediano plazo a alcanzar la meta, el incremento significativo de la inversión pública es el principal instrumento que está en manos del Gobierno para acelerar el crecimiento de la economía, esta es sólo una de las gestiones necesarias para acelerar el crecimiento de la economía y del bienestar social. Para el desarrollo y movilidad social que se buscan, un factor decisivo es el trabajo conjunto de los actores públicos y privados.
Involucrar recursos privados es una de las herramientas más exitosas para acelerar programas de inversión que de otra manera habrían sido demorados en el tiempo, a causa de las limitaciones presupuestarias a las que están sometidos los gobiernos. Esta clase de asociaciones hacen posible que se cubra la demanda de un crecimiento económico en condiciones de mayor competitividad y equidad social.
Para lograr el avance que lleve a la región a los niveles de los países más desarrollados en los próximos años, se debe mantener un crecimiento sostenido por encima de 6%, y ante la dinámica actual del mercado, es indispensable pensar en fomentar un ambiente competitivo, que permita sostener y mejorar la posición del país en el mercado mundial. En este contexto, la competitividad se vuelve un pilar fundamental para la visión a largo plazo, como dinamizador del desarrollo y el progreso.
Finalmente, si se quiere lograr un cambio duradero, hay que empezar a pensar diferente. Se hace necesario transformar la percepción de dificultades que enfrenta el país y convertirla en una búsqueda permanente de las grandes oportunidades que tiene Colombia.
Perfil del autor
Rafael de la Cruz fue nombrado Gerente General del Departamento de Países del Grupo Andino (CAN) del Banco Interamericano de Desarrollo en julio de 2017. Simultáneamente con esas funciones, también se desempeña como Representante del BID en Colombia.
El doctor De la Cruz se incorporó al BID en 2001 como Economista Senior en el antiguo Departamento de Operaciones Regionales 3. Luego fue Coordinador del Grupo de Gobiernos Subnacionales y Descentralización en la División de Gestión Fiscal y Municipal y presidió el Comité de Sanciones, un panel independiente que juzga casos de prácticas prohibidas de contratistas en proyectos financiados por el Banco. Desde 2012 ha sido Representante del BID en Colombia y, más recientemente, fue nombrado miembro de la red internacional de expertos del Foro Económico Mundial (WEF).
Antes de ingresar al BID, fue Economista Senior del Banco Mundial, Director del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Avanzados en Administración (Iesa) en Venezuela, Director del Programa de Doctorado en Estudios de Desarrollo y Profesor de Economía Política y Política Fiscal Subnacional en el Centro de Estudios para el Desarrollo (Cendes). En el sector público venezolano se desempeñó como Director de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), donde contribuyó a liderar el proceso de descentralización y supervisó las relaciones del Gobierno Federal con los gobiernos estaduales.
Asimismo, realizó consultorías sobre políticas públicas, descentralización, políticas fiscales subnacionales y desarrollo económico para el BID, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, en América Latina, África y Europa Oriental. Ha publicado numerosos libros, artículos académicos y de divulgación sobre macroeconomía, desarrollo y economía fiscal, políticas públicas, descentralización y teoría del Estado.
De nacionalidad venezolana y española, recibió una licenciatura, una maestría y un doctorado en economía con los máximos honores de la Universidad de París, Francia.
