La lógica del conflicto

La particularidad de la construcción del Estado-nación colombiano, ha hecho que nunca el poder central haya tenido el pleno control territorial y detentado el monopolio de la violencia legítima, muy por el contrario, el proceso ha tenido que ver con una singular manera de poblar y articular los espacios regionales entre sí para configurar el espacio de la nación, en donde los partidos políticos tradicionales conformaron unas redes de poderes locales y regionales, haciendo habitual los mecanismos de corte clientelista en el ejercicio del Gobierno, trayendo corrupción e ineficiencia, y con esto, dificultando la inserción económica y política de las regiones y subregiones, erigiendo de esta manera, escenarios de tensión proclives a la implantación de actores armados. 

Para Kalivas estas imbricaciones de las dimensiones privada y política de las violencias, son aprovechadas por los actores locales de los conflictos nacionales para favorecer los propios intereses, ocasionando una ruptura con la autoridad con la consiguiente anarquía, lo que históricamente ha conducido a violencias privatizadas, en donde surgen lealtades y creencias en un enfoque amigo-enemigo. 

En este contexto como lo enuncian Fernán González, Ingrid Bolivar y Teófilo Vázquez es casi imposible imponer el monopolio estatal de la coerción, cuando la población tiene la oportunidad de escapar a la periferia marginada y aislada, cuyas tierras pueden colonizar. Por lo tanto para Daniel Pécaut, el régimen colombiano ha estado obligado a coexistir con innumerables espacios que escapan a su control; compréndase, que los conflictos son procesos complejos y ambiguos que promueven las acciones conjuntas de actores locales, cuyas motivaciones, identidades e intereses se han adaptado a los cambios nacionales.

A esto hay que adicionar la dependencia económica de exportación de bienes primarios, lo que de acuerdo con Collier y Hoffler crea mayores factores de riesgo para la conformación de un conflicto, coincidiendo esto con el argumento de Mauricio Uribe, para quien el subdesarrollo con sus bajos ingresos promedios en los Estados y el exiguo crecimiento del país, son unas de las causas fundamentales para el desarrollo endémico de la violencia. Por lo tanto, la diversidad en la economía se hace indispensable, así como la utilización transparente de los recursos con el fin de financiar los proyectos de desarrollo que obligatoriamente incluyen la infraestructura.

Por otro lado esta el problema del recaudo del fisco, que carece de legitimidad por que ha sido manipulado históricamente, a lo que se le aúna la propensión al saqueo de la tributación, haciendo que el presupuesto del Estado sea insuficiente para satisfacer las demandas necesarias para el desarrollo. Hay que hacer claridad que una nación con bajos ingresos, determina que los gobiernos carezcan de recursos suficientes para la seguridad. Es por esto, que surge la necesidad de estudiar las prácticas burocráticas, la recaudación de impuestos, la asignación de subsidios, etc., con el fin de examinar las dispersas redes institucionales y sociales por las que la ley se coordina y se consolida. 

Sin lugar a dudas, hay un peso histórico al que el gobierno que inicia debe hacer frente para realmente asentar los cimientos de la paz, porque definitivamente esta no se construye únicamente con métodos represivos, sino que ella demanda unos condicionamientos estructurales que conduzcan a una mejor calidad de vida de todos los habitantes, en donde indiscutiblemente se hace imprescindible la educación como medio para reducir la inequidad y con ella alcanzar la armonía social.