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Hay países que, ante la realidad de la no credibilidad ni representatividad de sus políticos, han escogido alternativas democráticas de participación científicamente probadas para la solución de problemas y resolución de conflictos. En el caso colombiano, los partidos políticos tienen una desfavorabilidad* de 79% y una pírrica favorabilidad del 14%. Estas cifras reales son el resultado de un pésimo trabajo de quienes por su falta de valor civil, desidia e irresponsabilidad han llegado a ese desprestigio.
No podemos negar que necesitamos poner en práctica una mejor forma de participar para encontrar soluciones a nuestros problemas, o resolver conflictos a través de canales que busquen organizadamente la representatividad de la comunidad que es diferente a la representatividad electoral.
Para el caso de las consultas populares de los proyectos mineros, energéticos, viales y petroleros lo que se ha visto es un desorden donde los que participan no son los que representan a las comunidades; las instituciones estatales son tímidas o ausentes y que lo único que se pone en juego son los intereses de políticos y no de las personas que realmente serán impactadas positiva o negativamente por los proyectos.
Pareciera que la gente no conociera que el objetivo de todos los proyectos mineros, energéticos, petroleros y de infraestructura vial es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la generación de mejores condiciones económicas y sociales donde los recursos generados sirvan para la salud, la educación, el ambiente, la seguridad, las pensiones, la administración de justicia, el funcionamiento del Estado y las inversiones que requiere el país en temas de infraestructura social.
En ese nivel de importancia es responsabilidad de todos, de la mano de las instituciones públicas, lograr la viabilidad de los proyectos beneficiando en particular a las comunidades que aportan al éxito de los proyectos su territorio, costumbres y cultura. Y precisamente el camino a seguir sería partir por definir quien es la comunidad, ejercicio derivado de los impactos y riesgos, posteriormente se hace una muestra representativa de acuerdo con el asunto a consultar, con parámetros de edad, profesión u oficio, genero, minorías, etc. Ya definida la población representativa y a representar, poder iniciar una capacitación con información real, veraz y suficiente de quienes hacen el proyecto y quienes cuestionan o rechazan técnicamente, para que las personas puedan tomar la decisión más informada y acertada. Todo esto de la mano de las entidades y organismos estatales, pues son ellas las encargadas de garantizar la transparencia y la metodología del ejercicio.
Esta es una de las metodologías existentes más asertiva, pertinente y democrática; las personas son elegidas como representativas de su segmento: verbigracia mujeres mayores, indígenas jóvenes, empleados, campesinas etc., y son elegidas por sorteo público para asegurar la transparencia.
Otra de las opciones es a través de encuestas, que obrando bajo los mismos parámetros y metodología de información y capacitación con una muestra representativa y por sorteo se obtiene un resultado valido, representativo y transparente. En cualquiera de estas metodologías el resultado es fidedigno con el pensamiento de las comunidades desde la perspectiva de lo que conviene a todos de la misma manera, lo que contrasta con la desinformación mediática, las verdades manipuladas de parte y parte, las calumnias y los intereses de políticos envueltos en banderas de justicia o ambiente. Estas metodologías democráticas son abiertamente aceptadas, científicamente solventes, muy económicas y están siendo usadas en Francia, Suiza, Canadá, Irlanda, Australia, por mencionar algunos países.
*Gallup Poll 132. 08-2019
