Temblores de políticos por terremoto digital

No hay que ser mayor de edad para participar en la democracia pues las redes sociales se han convertido en una vía sin filtro ni control en el debate público, sin importar que se las perciba más como fuente de noticias falsas y mensajes de odio. Al mismo tiempo crece el temor que grupos con intereses políticos ejerzan demasiado poder sin asumir ninguna responsabilidad por el desprestigio de las instituciones, la deshonra de personas y la polarización social.

Es claro para todos los usuarios que las plataformas de búsqueda y redes sociales mueven masas brindando soluciones, vendiendo sus productos, pero también promoviendo creencias, simpatías y antipatías a los electores; lo que ha llevado a varios países a desarrollar estrategias de cultura y marco jurídico con el fin que el intercambio social en internet sea un beneficio para la sociedad y la democracia.

Alemania asumió su responsabilidad a través de la ley "NetzDG", dirigida a todas las plataformas con más de dos millones de usuarios garantizando el debido tramite e investigación detallada de todas las quejas y la eliminación de cualquier contenido ilegal en menos de 24 horas. En 2019, Facebook tuvo que pagar una multa de 2 millones de euros por no cumplir con estos requisitos. En 2020 veinticinco países habían aprobado leyes inspiradas en la ley alemana, sin embargo la independencia de los poderes en los Estados democráticos es la condición y garantía para que la regulación sea una garantía y no un arma en contra de los opositores.

India quiere prohibir con una nueva ley los contenidos contra la "unidad, integridad, defensa, seguridad y soberanía del país", acto que según los analistas parece estar diseñado para silenciar las opiniones de los opositores. Por su parte Rusia hace referencia explícita al modelo de la ley alemana en su normativa contra las noticias falsas y en 2020 creó un marco legal para paralizar completamente internet en caso de una "emergencia", que no ha sido especificada en la normativa.

Según la directora de la ONG Cubalex, Lartiza Diversent, después de las protestas sociales del 11 de julio en Cuba el gobierno quiere evitar que a través de las redes sociales las personas se expresen, compartan y se organicen y en consecuencia el gobierno ha aprobado un reglamento de ciberseguridad donde están tipificados 17 delitos entre ellos: “subversión social”, “alterar el orden público” y difusión de noticias falsas. En Venezuela no hay una ley expresa pero según el sindicato de trabajadores de prensa SNTP la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró 61 emisoras de radio en 2.022 a través de medidas administrativas y temen que con la “Ley Contra el Odio” siga sucediendo casos como el activista de DDHH usuario Aerometeo apresado en 2018 o del politólogo Nicmer Evans detenido por instigar al odio desde su cuenta de Twitter.

Es claro que hay un sentido de urgencia para que el poder legislativo, las asociaciones de prensa, las facultades de comunicación y las empresas tecnológicas en alianza asuman su responsabilidad para que las redes vuelvan a ser sociales, virtud esta que se hace realidad, si y solo si, son fuentes de información validada, conversaciones útiles y fuente de conocimiento. Lo anterior solo se logrará siguiendo las buenas prácticas, con regulaciones concertadas, promoción de una cultura en los usuarios y las medidas de autocontrol desde las empresas de tecnología.