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Suponga que usted contrata a un empleado para realizar las funciones de oficios varios en su oficina y le paga $2.000.000 mensuales. Luego de un año de tener al empleado, usted se entera que ese mismo trabajo se lo hace una compañía externa, de reconocida seriedad y que cumple con todos los requisitos de ley, por $1.000.000 mensuales. Usted destruyó $12.000.000.
El costo para el estado del antiguo Seguro Social era considerablemente mayor que los beneficios en salud transmitidos a sus afiliados. Por eso en buena hora se decidió cerrarlo y reemplazarlo por un sistema con indicadores de gestión y que permitiese a los usuarios escoger en cual EPS afiliarse. La competencia obliga a cada EPS a esforzarse para superar a la otra y no quedar sin afiliados.
Si el beneficio percibido por las empresas del Estado no corresponde al valor invertido en ellas, el Estado está derrochando plata de los colombianos. Esto se cumple para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las de ayuda social. Pues estas últimas deben producir un beneficio en la sociedad acorde con la inversión hecha en ellas.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) se gastará más de $ 16.000 millones sólo en desplazamientos aéreos y programas especiales para la paz en los próximos dos meses. Es imposible saber cuánto se ha gastado en la Oacp en los pasados 12 meses en viajes, viáticos, carros, regalos, salarios. El beneficio: en los últimos 20 años nunca habíamos tenido las condiciones de violencia e inseguridad de hoy. Es cierto que hay proyectos que requieren inversión en el largo plazo para ver los resultados. Pero en este caso la guerrilla ya manifestó que no tiene ningún interés en el proyecto paz. En los gastos de esa oficina estamos malgastando el dinero de los colombianos.
Cuando el gobierno de Petro dice que bajará los requisitos para ser miembro de la junta directiva de Ecopetrol, confirma que no tiene ningún interés en los temas de productividad y eficiencia. Sólo le interesa pagar favores políticos. Para Petro y sus aliados, la formación, preparación y experiencia de un profesional no tiene ningún valor. Desconoce el aporte que al desarrollo de la humanidad han tenido las especializaciones. Para él un filósofo, un ingeniero, un abogado, un topógrafo, un secuestrador o un maleante tienen la misma calificación para aspirar a cualquier cargo. Es igual un recién egresado de la universidad, que un profesional con 30 años de experiencia.
En el estudio que hizo la Ocde hace una década sobre la productividad de las empresas del Estado colombiano encontró que el beneficio percibido era muy inferior al rendimiento que debía dar el capital invertido.
Para corregir lo anterior la Ocde envió al gobierno el siguiente mensaje: “los procesos para la nominación de miembros de las juntas directivas de las empresas estatales no tienen el nivel de formalidad y estructura recomendado por las mejores prácticas internacionales. Hace falta establecer perfiles exigentes para los miembros de junta y los directivos, con requisitos mínimos de experiencia laboral, calificaciones profesionales, así como los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer el cargo”. Pero a Petro poco le interesan las mejores prácticas.
Debemos evitar que este gobierno continúe destruyendo lo bueno que tenemos y sin hacer nada para corregir lo malo. Si no lo hacemos, en tres años Venezuela nos parecerá un paraíso.