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El pasado 7 de agosto se cumplieron dos años de la Administración Duque. Las primeras declaraciones en materia económica del ministro Carrasquilla en agosto de 2018 se refirieron a las reformas que se emprenderían en materia tributaria. Para noviembre había presentado al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento. Hacia mediados de 2019 la Corte declaró inexequible la Ley con el argumento de la existencia de vicios de trámite. Ello exigió al Gobierno presentar de nuevo al Congreso el proyecto, que luego de algunos cambios fue aprobado hacia fines del año. No obstante que en noviembre de 2019 se llevó a cabo el Paro Nacional que tuvo como objeto rechazar las reformas estructurales que la Administración Duque y los organismos multilaterales venían estudiando como medidas deseables para consolidar el progreso económico y social del país. A pesar de todas estas vicisitudes e inconvenientes, la realidad que el crecimiento económico de Colombia para 2019 de 3,3% anual fue satisfactorio en el contexto de América Latina y de los propios países de la Ocde.
Para mediados de marzo del año en curso, el coronavirus, clasificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud OMS, junto con la caída de los precios internacionales del petróleo cambió las perspectivas optimistas sobre la economía. En abril la prioridad del gobierno se centró en el tema de la salud pública, la mitigación de la propagación del virus y la instalación de Unidades de Cuidado Intensivo UCI.
Para la protección a los grupos más vulnerables se ejecutaron apoyos a familias pobres a través de los programas de familias en acción, jóvenes en acción y adultos mayores, además de devoluciones del IVA a los estratos 1 y 2, y el desarrollo del programa de ingreso solidario dirigido a trabajadores informales que no se encontraban cubiertos por ningún programa público cubriendo así un total de siete millones de familias. En cuanto a la economía, la prioridad gubernamental giró en torno a salvaguardar el empleo y el pago de salarios a los trabajadores, por medio de garantías hasta por 90% de los préstamos del sector bancario a las pequeñas y medianas industrias. Para mayo se había declarado la emergencia económica y se dictaron decretos de apoyo presupuestal para el pago de nóminas y la prima de junio para los trabajadores de salario mínimo. Para mediados de junio el Gobierno le solicitó al Comité Consultivo de la Regla Fiscal su suspensión temporal y se hizo público el Marco Fiscal de Mediano Plazo que prevé una caída del crecimiento en 2020 de -5,5%, y un déficit fiscal del Gobierno Nacional de 8,2% del PIB, uno de los más altos desde que se tienen registros históricos.
El presidente Duque destacó el 20 de julio resaltó que el desafío más grande es evitar que la pandemia impida que se sigan cerrando las brechas sociales, hizo un repaso de las medidas adoptadas y estableció un conjunto de compromisos de acciones futuras. Se espera que con base en las recomendaciones de diversas comisiones independientes encargadas de estudiar estos temas y de los múltiples estudios e iniciativas que se vienen haciendo públicos, el Primer Mandatario aborde estos temas y logre sacar adelante una agenda nacional de reformas que garantice la recuperación del crecimiento económico, combatir el desempleo y consolidar una sociedad más equitativa.
