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La Problemática Agropecuaria y del Desarrollo Rural será, sin duda, una de las grandes prioridades del Gobierno en el período presidencial 2014-2018. Tres grandes factores indican la importancia del tema: el primero es reconocer que la agricultura no ha venido cumpliendo de manera adecuada su rol en el desarrollo económico nacional. El Producto Interno Bruto Agropecuario de Colombia en el regional pasó de 15% a comienzos de los noventas a 9%, la mayor caída en la región. También ha sido identificado que su capacidad de satisfacer la demanda de alimentos fue inferior al conjunto de América Latina. Otros resultados desalentadores se refieren al hecho que el avance en la reducción de la pobreza rural fue menor al promedio. Colombia no brilla tampoco por la protección del medio ambiente y se encuentra que la tasa de crecimiento del gasto público en la agricultura frente al gasto público total ha sido inferior al de otros países de la región.
El segundo se refiere a las demandas sobre la agricultura y el desarrollo rural que surgen de la Agenda de la Paz convenido en los diálogos que se desarrollan el La Habana. Lo que hasta ahora se ha hecho público indica que el primer punto de la agenda conocido como Reforma Rural Integral se concentrará en cuatro frentes, el primero de los cuales es el mecanismo para dar acceso a la tierra a los campesinos, mediante la creación de un fondo de tierras y su titulación. También incluye provisiones sobre la actualización catastral, y la facilitación de elementos para que la tierra entregada sea productiva, tales como crédito y asistencia técnica, que serán determinantes para tal fin.
El tercero se origina en la protesta de los cafeteros y otros agricultores registrado en el año en curso que desembocó decisiones, con elementos controversiales desde el ámbito académico, que comprenden el apoyo de precios para los cafeteros y en el “pacto nacional por el agro” que contempla el establecimiento de salvaguardias a ciertas importaciones, la reducción de precios de fertilizantes, la importación de agroquímicos sin sobreprecio, una lucha contra el contrabando, y un aumento de presupuesto del sector mediante la postergación por un año de la reducción prevista del impuesto a las transacciones financieras, además de la compra de papa por parte del gobierno y de absorción de la leche por parte de las empresas procesadoras de lácteos. Otras solicitudes sobre las cuáles no se han hecho concesiones pues tienen impactos macroeconómicos adversos al nivel nacional y para la propia agricultura en el mediano plazo comprenden la rebaja a los precios de los combustibles y la renegociación de los TLC.
En un libro recientemente publicado por un Panel Independiente sobre la Agricultura en América Latina, Piadal, cuyo contenido será materia de análisis conjunto con el gobierno en seminario de la Universidad de los Andes, se analiza la problemática de la agricultura y se derivan políticas y recomendaciones que, dada la coyuntura actual de Colombia en materia de política agropecuaria, se espera resulten ser de valor y oportunidad para la construcción de la nueva institucionalidad y políticas de Estado que deben acompañar el desarrollo futuro del sector agropecuario y del medio rural de nuestro país. Del encuentro se buscan derivar lecciones para cumplir mejor los objetivos de la agricultura, reorientar la política comercial, resaltar la importancia de incrementar y focalizar el gasto en investigación y en bienes públicos rurales y, ante todo, dar luces para lograr un mejor diseño de la política sectorial, fortalecer la política social rural y la de tierras, con miras a fortalecer el marco institucional y la gobernanza de la agricultura colombiana.
