La reforma tributaria y el recaudo

El Informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria es un documento profundo, técnico, independiente y muy bien elaborado, en el cual se presenta el análisis del sistema tributario y las recomendaciones para una reforma estructural. El gobierno en cabeza del Presidente de la República ha anunciado la presentación al Congreso de la República en las sesiones del segundo semestre de un proyecto de ley basado en dicho Informe y en estudios complementarios de organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.  

La Comisión señala que un régimen tributario exitoso se caracteriza por ser equitativo horizontal y verticalmente, eficiente desde el punto económico y administrativo, así como por generar los recursos necesarios para financiar los programas del Gobierno. En ese contexto, presenta recomendaciones y cambios específicos sobre los impuestos a la renta de las personas naturales y las sociedades, un régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, y modificaciones en el IVA y demás impuestos indirectos. También se ocupó de los impuestos territoriales y las regalías petroleras y mineras. En materia de impuestos directos, su énfasis radica en mejorar su eficiencia y progresividad. 

Para las personas naturales propone la ampliación de la base de contribuyentes, y un fortalecimiento de la tributación basada en renta presuntiva. En cuanto a las personas jurídicas, la Comisión plantea eliminar tanto el impuesto de renta como el CREE y en su reemplazo crear un nuevo impuesto sobre las utilidades empresariales. Respecto al IVA, eleva la tarifa básica a 19% y limita la categoría de bienes no gravados a los servicios de salud, educación, transporte público de pasajeros, y el consumo vital de servicios públicos domiciliarios. También se propone elevar las tarifas de los impuestos al consumo y los combustibles, a la vez que mantiene el gravamen a las transacciones financieras. Asimismo, se introducen innovaciones al régimen tributario de departamentos (impuestos al tabaco y cigarrillo, cervezas y licores), como de los municipios (avalúos catastrales, impuesto predial e industria y comercio), y la tributación de entidades sin ánimo de lucro.

En el informe presentado originalmente no se cuantificaba el impacto en el recaudo de las medidas propuestas. Simplemente se indicaba que, con miras a garantizar la financiación de los programas sociales de lucha contra la pobreza y provisión de bienes públicos, el Gobierno requerirá recursos que no vendrán, como en el pasado, de la actividad minero-petrolera y que para mantener el nivel de gasto actual del Gobierno Nacional, y cumplir con la regla fiscal, propone que provengan de los cambios estructurales introducidos al IVA y a otros impuestos indirectos, manteniéndose neutral el recaudo de impuestos directos. 

En estos días se dio a conocer un anexo al Informe de la Comisión donde se presentan algunos estimativos preliminares del impacto en recaudo de las medidas propuestas, que se estima será cercano a 2,2% del PIB. Este incremento en los recursos resultante de la reforma parece insuficiente y no permitiría, por ejemplo, financiar nuevas iniciativas de gasto que surjan del acuerdo de La Habana y resulta ser muy inferior al sugerido recientemente por el BID, entidad que recomienda elevar en el mediano plazo en cerca de 6% del PIB la carga tributaria en Colombia.