Hace algunos meses el Gobierno Nacional anunció la presentación de una reforma pensional estructural en búsqueda de mayor cobertura, equidad y sostenibilidad del sistema. El proyecto, en cabeza del Ministro de Trabajo, surgiría de las discusiones entre Gobierno, trabajadores y sector privado, y se escogió la Comisión de Concertación de Políticas Salariales como el escenario propicio para tal fin. Luego de amplias discusiones sobre las observaciones y propuestas de los sectores, el Ministro procedió a convocar académicos y opinión pública, entre otros, para socializar lo que denominó el “Sistema de protección a la vejez”. Luego, en escenarios públicos como la Convención de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Asofondos, presentó la propuesta del Gobierno Nacional. En medio de un debate nacional centrado en la reforma al sistema de salud, y en ausencia de consenso sobre las bondades de implementar un sistema como el propuesto, aparentemente se quitó el acelerador a la reforma y se procedió a “volver a lo básico”.
Como primera medida, se propuso firmar un pacto social basado en el Pacto de Toledo suscrito en España en 1995, bajo el cual la Comisión Tripartita se pondría de acuerdo en una serie de principios que debería contener la reforma. Para estudiar con mayor detenimiento la experiencia del pacto, el Ministerio organizó una reunión técnica que contó con la presencia de importantes figuras de la seguridad social, como el doctor Adolfo Jimenez, secretario general de la Organización Internacional de la Seguridad Social, Oiss, y Miguel Ángel García, responsable del gabinete económico de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España, ambos participantes y gestores del Pacto de Toledo.
Los expertos comentaron sobre la relevancia de establecer este tipo de acuerdos entre las partes antes de dar inicio a un articulado detallado de reforma; sin embargo advirtieron que el caso español debe ser visto como una experiencia, mas no como un modelo a seguir ya que muchos de los principios convenidos fueron exitosos, pero el Pacto se ha venido revisando durante los años posteriores y se han requerido algunos cambios.
Por otro lado, atendiendo las recomendaciones realizadas por las centrales obreras, el Gobierno recibió una misión de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con la que se busca hacer una revisión juiciosa de la propuesta del Gobierno y su concordancia con los convenios internacionales, validar los modelos actuariales utilizados por los diferentes actores y poner a disposición del país modelos exitosos que pueden ser replicados. Este es un gran paso que podría permitir contar con un único modelo construido con la información de todas las partes.
Seguramente, uno de los temas centrales de discusión en la siguiente legislatura será el futuro del sistema pensional colombiano. Hasta entonces, se deberá seguir trabajando en el análisis de la reforma propuesta y sus implicaciones sobre los afiliados y sobre las finanzas públicas. El apoyo de entidades multilaterales como la OIT será, sin duda, un importante insumo para que el nuevo sistema pensional efectivamente amplíe la cobertura, elimine inequidades y sea sostenible financieramente.
