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Entre los riesgos económicos que enfrenta Colombia en el año en curso, cabe, en primer lugar, resaltar aquellos que provienen de la economía mundial y que pueden tener un efecto adverso en nuestro país. Tal como lo señala el reciente informe de la Misión del Fondo Monetario a Colombia, entre los posibles desencadenantes externos se deben contemplar las posibilidades de una reanudación de las tensiones comerciales a nivel global o un brote más generalizado y prolongado del Coronavirus.
Al nivel regional, o sea de América Latina, también pueden ocurrir perturbaciones que afecten la marcha de la economía colombiana. La crisis continuada en Venezuela y los efectos indirectos debidos a las tensiones sociales de la región constituyen fuentes externas adicionales de riesgo.
Estos riesgos, de concretarse, se traducirían en un menor crecimiento de la economía colombiana tanto por el canal comercial reduciendo las exportaciones, como financiero ya sea por una menor inversión extranjera directa o encareciendo el financiamiento internacional.
Según el FMI, las mayores necesidades de financiación externa elevan la vulnerabilidad de Colombia en un escenario, por ejemplo, de caída en los precios de los productos básicos principalmente del petróleo si se debilita la economía China y de un aumento marcado de las primas de riesgo país.
Pero, quizás, los principales riesgos económicos de Colombia son los internos o domésticos. Los analistas han destacado la posible dificultad de mantener un crecimiento basado en el auge del consumo.
Se ha anotado la posibilidad que se esté registrando un crecimiento excesivo del crédito de consumo que conduzca al sobreendeudamiento y una acumulación potencial de cartera vencida en el futuro. Del lado fiscal, se ha destacado el riesgo de falta de sostenibilidad fiscal reflejada en una insuficiente generación de ingresos tributarios, lo cual podría conducir a importantes recortes en los gastos sociales y de infraestructura para poder cumplir con la regla fiscal.
También se ha venido resaltando la acentuación del proteccionismo a través de apoyos no arancelarios a los sectores productivos y la dificultad de poder promover de manera más adecuada el incremento y diversificación de las exportaciones.
Pero, ante todo, los grandes riesgos aparecen en el frente social y, en particular, la posibilidad de un mayor deterioro de las condiciones del mercado laboral. Preocupa especialmente el aumento del desempleo en ausencia de un marco de políticas salariales coherentes, y la incertidumbre frente al contenido que debería tener una reforma laboral integral.
Esta situación podría conducir a un recrudecimiento de las protestas y paros laborales, a la consiguiente desaceleración de la actividad productiva y a retrasar la aprobación de las reformas estructurales que requiere el país, como son la reforma pensional y la propiamente laboral dirigida a estimular el empleo.
En ese contexto, quizás, el principal riesgo es la dificultad de identificar y atender, dentro de las posibilidades fiscales del país, las demandas legítimas de la clase media vulnerable. Debemos tener la confianza que el gobierno es consciente de los riesgos económicos del país y que los enfrentará con decisión y con éxito, pero para lograrlo es indispensable el apoyo de los partidos políticos, del Congreso, de las Cortes y de la opinión pública general.
