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Esta semana ha sido muy agitada y muy importante en términos de las políticas públicas para enfrentar la pandemia del covid-19, la protección de la población más vulnerable y el restablecimiento de la actividad económica y el empleo. El día lunes 4 de mayo se reunió el Comité de la Regla Fiscal y en el comunicado expedido se informó, con base en la información y los estudios adelantados por expertos, que se prevé que la economía colombiana crecería -5,5% en 2020.
Este resultado representa una caída de la actividad económica en el año en curso superior a la prevista hace unas pocas semanas y coincide muy de cerca con los pronósticos y revisiones adelantadas por Fedesarrollo como por Banco de la República hecho a conocer ese mismo día en su más reciente informe monetario.
En estas circunstancias y de acuerdo a la metodología utilizada por el Comité para identificar el espacio fiscal disponible y consistente con la Regla para la contratación de préstamos, la meta de déficit fiscal para este año se ubicaría en -6,1% del PIB una vez incorporados los factores paramétricos de los ciclos contenidos en la Regla Fiscal.
Este resultado y recomendación amplía el espacio fiscal de forma tal que el Gobierno se encuentre en capacidad de obtener mayores recursos del crédito para ejecutar el gasto público requerido al tiempo que se garantiza el total cumplimiento de la Ley 1473 de 2011.
Según se expresa en el comunicado al cual se ha venido haciendo referencia, el mayor espacio fiscal se deriva de la atención del gasto público extraordinario que ha sido necesario para la atención y contención del covid-19 en Colombia, y del menor recaudo tributario proyectado para el año 2020, dada la brecha del producto estimada y su efecto sobre la dinámica de ingresos del Gobierno.
El otro gran acontecimiento económico de la semana fue la declaratoria de una segunda Emergencia Económica mediante el Decreto 637 del 6 de Mayo, por el término de treinta (30) días calendario. Allí se reitera que, con base en la declaración del estado de emergencia, el Gobierno Nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la muy amplia y detallada parte considerativa del decreto, todas las medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y se anuncia que, así mismo, se dispondrá de las operaciones presupuestales que resultan necesarias para llevarlas a cabo.
Aunque en el momento de escribir este artículo todavía no se conocen en detalle las medidas concretas que se adoptarán con base en las facultades de la Emergencia, sí se ha informado por intermedio de las presentaciones adelantadas por el presidente Duque, el Ministro de Hacienda y el director de Planeación Nacional que una de las disposiciones más importantes que se van a adoptar comprenden el apoyo con recursos del gobierno a las nóminas salariales de las empresas.
En efecto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, anunció que el Ejecutivo asumirá el pago del equivalente a 40% de un salario mínimo de los salarios de los empleados de aquellas empresas que hayan registrado una caída en sus ventas de más del 20%. De acuerdo con los cálculos oficiales, este beneficio costaría más de $2 billones mensuales. Quedamos a la espera de las otras medidas que se adoptarán con base en la declaratoria de Emergencia.