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La burocracia como modelo de administración pública fracasó, no solo en Colombia sino en el mundo entero.
Este modelo de administración burocrática fue propuesto por el filósofo Max Weber a inicios del siglo XX y sirvió de paradigma inspirador de todo el movimiento internacional de reforma administrativa de los años 50 y 60, basándose en la idea de que el manejo del Estado demanda unas reglas y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse con tanta exactitud como puede calcularse el rendimiento probable de una máquina. De aquí es donde nació la expresión “maquina burocrática”.
A esta “máquina” se le asignan unas funciones y cada función requiere para su cumplimiento de un organismo que asume el proceso y cada parte del proceso tiene uno o varios funcionarios que se ocupan de cada etapa.
La evaluación de los funcionarios es positiva, por tanto, si cumplen la parte del proceso que les corresponde, con independencia del resultado que de aquel se desprenda. Es decir, su labor es de medio y no de resultado.
Con esa lógica burocrática se estructuró la cultura de la administración pública en Colombia y aunque hemos tratado de incorporarnos a nuevas corrientes administrativas como la Gerencia Pública, lo cierto es que estamos todavía muy lejos de abandonar las viejas prácticas paquidérmicas e ineficientes de un modelo administrativo que lleva más de 70 años dominando los despachos oficiales.
En esa línea, el Estado gasta literalmente billones de pesos sosteniendo una nómina y unos gastos de funcionamiento que ahorcan el presupuesto de inversión y por tanto la satisfacción de las necesidades sociales que, realmente, son las que justifican la existencia de los Gobiernos.
En 2021, por ejemplo, el Presupuesto General de la Nación llegó a los $313,9 billones. De este monto total, $184,9 billones (59%) se destinaron a funcionamiento, mientras que al servicio de deuda se dirigieron $70,5 billones (22,4%) y a la inversión $58,5 billones (18,6%).
Solo en gastos de personal el presupuesto nacional destinó $35,4 billones para cubrirlos. Una suma con la que, por ejemplo, podría hacerse una reforma agraria integral en Antioquia y se podría recuperar la soberanía alimentaria del país.
Hoy Colombia cuenta con 1.268.423 servidores públicos. Distribuidos así:
• Rama Ejecutiva Nacional: 878.010
• Orden Territorial: 249.313
• Rama Judicial: 58.344
• Entes Autónomos: 53.876
• Órganos de Control: 22.411
• Organización Electoral: 3.728
• Sistema de Verdad, Justicia y Reparación: 1871
• Rama Legislativa: 870
A ojos de cualquier observador es evidente que el pareto 80-20 aplica perfectamente a esta realidad. Es decir, nadie podría negar que el 80% de los resultados que da el Estado los produce el 20% de su fuerza laboral.
Si queremos realizar una reforma estructural que permita que el Estado cumpla sustancial y realmente con su propósito es indispensable, pues, reducir su tamaño, para que los impuestos vayan donde se necesita y se comprenda de una vez que los problemas sociales no se resuelven lanzándoles billetes, sino construyendo soluciones estratégicamente planificadas que permitan incorporar a la mayoría de la población del país a las ventajas que ofrece el desarrollo económico.