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El agro en Colombia solo lo salva un Plan de Industrialización. Así de claro. Estamos atravesando la etapa más crítica en la historia de nuestra soberanía alimentaria como nación. Nuestra dependencia de países extranjeros en el suministro de fertilizantes es del 95%, nuestra capacidad para producir materias primas, como maíz, trigo o soya, que son clave para la generación de alimentos, es también casi nula y nuestro sistema de comercialización carece de las conexiones e infraestructura mínimas para su sostenibilidad.
Lo he dicho en muchas de mis columnas: la seguridad alimentaria es un asunto de seguridad nacional. Pero aquí parece que no se entiende esta premisa. Si lo entendiéramos ya estaríamos marchando todos hacia la consolidación de un plan nacional que permita industrializar nuestra producción agropecuaria y potencie nuestro crecimiento económico desde el desarrollo rural.
Nosotros no tenemos como ser potencia productora de computadores, software, ni de automóviles o de acero. Nuestra verdadera potencialidad está en el campo. Si nos lo propusiéramos como sociedad realmente podríamos salir de la pobreza realizando ese sueño, convertido en cliché de campañas, de proyectar a Colombia como una despensa alimentaria del mundo.
Pero, ¿cómo se podría estructurar un plan de insdutrialización agrícola en Colombia que fuera realizable y funcional? Ya lo hemos pensado desde varios escenarios del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, órgano consultivo que tengo el honor de presidir, y hemos concluido que debería tener al menos cinco ejes:
En primer lugar un programa nacional de repoblamiento rural y retorno de desplazados desde las zonas urbanas a las zonas agro productivas del país, que implique el retorno de 500 mil familias con oferta de vivienda rural, proyecto educativo para sus familias y proyecto productivo, vinculado ello a la vocación agrícola de cada región definida en el plan.
En segundo lugar, un plan de transferencia de tecnología para la activación de al menos 6 mega proyectos de producción industrializada de maíz, soya, arroz, trigo, hortalizas y algodón, a manera de polos de desarrollo agrotecnológico, que funcionan según la vocación y potencialidad agropecuaria del territorio colombiano. Todo ello, complementado con la puesta en marcha de un proyecto nacional para la transición ecológica a la producción de fertilizantes orgánicos que permita disminuir la dependencia extranjera del suministro de insumos agro productivos.
En tercer lugar, se hace necesario incluir un programa de acceso a la propiedad rural que implica la financiación subsidiada del acceso a 500 mil viviendas rurales productivas y a la formalización de la titularidad en la tenencia de la tierra que hoy agobia al 54% de la población rural que posee predios.
En cuarto lugar, se debe crear un Sistema Nacional de Abastecimiento Agroalimentario que active una red logística nacional de comercio agrícola justo y eficiente para, además, disminuir el desperdicio de alimentos. Este sistema debe incluir la creación del proyecto de cooperativización de la economía rural colombiana y un plan nacional de mejoramiento alimentario y nutricional de la población. Desde luego, se debe operar con la ayuda de la FAO, las Universidades y las organizaciones de productores agrarios, sin crear burocracia estatal ni revivir el IDEMA, que solo sirvió para aumentar la corrupción y la ineficiencia.
Y finalmente, se debe activar una estrategia nacional de circuitos viales agro productivos, que ordene la adecuación de 50.000 km de vías rurales estratégicas para la articulación y conexión logística de las zonas priorizadas en los polos de desarrollo agro tecnológico.
¿Cuanto vale esto? Al menos $40 billones en cuatro años. ¿Habrá un Presidente que se le mida?
