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En su discurso de posesión para el próximo periodo presidencial, Dilma Rousseff tendría motivos suficientes para anunciar que recibe una herencia maldita. La economía se encuentra al borde de la parálisis. El crecimiento del PIB en 2014 de 0,3%, equivale a la cuarta parte del crecimiento esperado para América Latina. El incremento del orden de 6.5% en el índice de precios al consumidor subestima el nivel de la inflación, a causa del control gubernamental de los precios de la gasolina y de la energía eléctrica, así como la represión de la tasa de cambio. El ritmo de inversión está cayendo. El tamaño del déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en exceso de US$ 80.000 millones colocan al país en riesgo de perder el grado de inversión.
La descripción de estos desequilibrios le permitiría a la presidenta iniciar su mandato implementando el programa de ajuste requerido para corregir los desaciertos económicos del gobierno anterior. El inconveniente con el escenario mencionado es que la herencia maldita que se prepara para recibir es la que ella misma ha dejado. Es difícil corregir una política económica que el gobierno insiste en defender como la que le conviene al Brasil. Adicionalmente, en el transcurso de la reciente campaña electoral contra el candidato del PSDB, Aecio Neves, el partido de gobierno utilizó un discurso tendiente a identificar el concepto de ajuste con un atentado contra el bienestar social. La propuesta de la oposición de garantizar la independencia del banco central fue rechazada como una conspiración plutocrática, a expensas de la comida de las familias pobres. La disyuntiva del gobierno para los próximos cuatro años es echar por la borda su programa electoral, como requisito para recuperar la credibilidad, o prolongar la mediocridad económica conservando el esquema vigente.
Otro aspecto de la herencia que debe recibirse con beneficio de inventario es el que se refiere a las relaciones de Brasil con los demás países latinoamericanos. Tanto el presidente Lula como la presidenta Rousseff le delegaron el manejo de las relaciones regionales al sector más radical de su partido, el PT. El representante emblemático de ese sector es Marco Aurélio García, un personaje de extrema izquierda, quien ha desempeñado el cargo de Asesor Especial para la Presidencia de la República. Explica su estrategia así: “Tenemos que dar la impresión de que somos demócratas. Inicialmente, tenemos que aceptar ciertas cosas. Sin embargo eso no durará mucho”.
García fue fundador y líder del Foro de São Paulo, una agrupación política que no oculta su simpatía por los grupos terroristas. En su décimo congreso, celebrado en La Habana en diciembre del 2001, el Foro ratificó ‘la legitimidad, la justicia y necesidad de las guerras de las organizaciones colombianas ELN y FARC, y nuestra solidaridad con las mismas.’ Estos planteamientos pueden encontrar resonancia entre los gobiernos del eje revolucionario bolivariano. Para los gobiernos latinoamericanos que defienden los principios de la democracia liberal, son inaceptables.