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Cuando las partes enfrentadas en un conflicto internacional deciden poner fin a las hostilidades por medio de una negociación, tratan de acordar primero el marco general de la misma y los temas alrededor de los cuales se puede intentar lograr un entendimiento. En esas conversaciones preliminares, los beligerantes dejan saber cuáles temas no son negociables. A esos inamovibles se les denomina líneas rojas.
Si las líneas rojas de una de las partes resultan inaceptables para la otra, no existen las condiciones para una negociación. El conflicto tendrá que dirimirse en el terreno, dependiendo de la correlación de fuerzas entre los beligerantes. Así sucede en los conflictos internacionales. Una lógica similar opera en los conflictos internos, tal como el que existió entre las Farc y el Estado colombiano.
Ahora bien, la radicalización del gobierno y su intento por imponer su ideología, a las buenas o a las malas, está creando un conflicto entre esa visión del país y los fundamentos de la democracia liberal. Se ha llamado a la lucha de clases. Se han estimulado diferencias étnicas y regionales que atentan contra la unidad nacional. Una retórica violenta les ha dado protagonismo a grupos paramilitares tales como primera línea, guardias indígenas y guardias campesinas. En su empeño por estatizar la economía, el gobierno está destruyendo el sistema de salud, desorganizando el sector energético, desfinanciando la infraestructura y estrangulando a las universidades privadas.
Una iniciativa gubernamental que representa una amenaza para las libertades individuales es la de unificar todos los servicios de inteligencia del país. Ese es el modelo de la Stasi, la policía secreta de la Alemania Comunista, cuya desaparición lamentan algunos marxistas latinoamericanos. Un relato magistral de la forma de actuar de la Stasi se puede obtener en The Life of Others, una película de 2006, dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck.
En su estilo peculiar, un día el gobierno insulta a los empresarios y a la oposición. Otro día, hace un llamado a un acuerdo nacional. Es poco probable que exista una voluntad gubernamental sincera de encontrar soluciones de consenso a sus reformas o de lograr un acuerdo distinto a una capitulación. Dicho esto, la sociedad civil debe hacer explícitas sus líneas rojas, antes de empezar a hablar acerca de un eventual acuerdo nacional. Sin pretender ser exhaustiva, sugiero que la lista de líneas rojas de la sociedad civil debería incluir los siguientes temas.
No a la asamblea constituyente. No a la reelección presidencial. Respaldo decidido a la Corte Constitucional y al Estado de Derecho.
El ordenamiento institucional vigente incluye la independencia del Banco de la República y la Regla Fiscal, así como la empresa privada y la libertad de prensa. El país seguirá cumpliendo con sus compromisos financieros internacionales.
Rechazar el intento de sacar a Colombia de la órbita de las democracias occidentales. En resumen, no al Socialismo del Siglo XXI.
