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Como consecuencia de un gobierno a la deriva en medio de una crisis económica, la Argentina ha tenido tres ministros de Economía en el transcurso de un mes. Martín Guzmán, quien había renegociado la cuantiosa deuda con el Fondo Monetario Internacional, renunció por discrepancias con la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca del manejo de la política económica. En su remplazo, fue nombrada Silvina Batakis, una funcionaria de perfil modesto, quien permaneció en el cargo unos veinticuatro días. Fue sustituida por Sergio Massa, catalogado como superministro, quien llegó con poderes sobre los ministerios de Agricultura y Producción.
Estos cambios reflejan el quebrantamiento que ha tenido lugar en la coalición gubernamental a causa del enfrentamiento entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández, quien ejerce el poder formal, pero carece de respaldo político propio. La breve trayectoria de la ministra Batakis fue poco edificante. Viajó a Estados Unidos a presentarles su programa económico a Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, y a los funcionarios del Departamento del Tesoro. De regreso a la Argentina fue destituida.
Como afirma Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación de Buenos Aires, la impresión que este episodio causó en Washington fue la de ‘un gobierno irresponsable, poco serio e imprevisible.’
El problema central es la falta de una política macroeconómica coherente y un gasto público desbordado. El riesgo país de Argentina es tan alto que el gobierno no tiene acceso a fuentes de crédito internacional. La creciente dificultad para colocar documentos de deuda soberana en el mercado de capitales doméstico significa que el gobierno está teniendo que financiar un déficit fiscal elevado con recursos de emisión del banco central, lo cual exacerba la inflación, que es del orden de 80% anual. La escasez de divisas ha dado lugar a seis tasas de cambio distintas y a una diferencia del orden de 150% entre la cotización de la tasa de cambio oficial y la del mercado libre. Un desajuste de semejante magnitud implica una inevitable devaluación de la tasa de cambio, a pesar de las negativas oficiales en sentido contrario. Así lo intuyen los agentes económicos y los particulares, quienes encuentran maneras de convertir sus tenencias de moneda nacional en dólares. A su turno, la drástica restricción de las importaciones está perjudicando a la actividad económica al impedir el acceso de insumos y repuestos para el sector manufacturero y la agricultura.
Por fuerza de los hechos, el gobierno va a tener que hacer un ajuste significativo si desea evitar un colapso. Eso implica hacerles recortes a subsidios a la electricidad, a los combustibles y a otros, que son necesarios para equilibrar las cuentas gubernamentales y poner fin a la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria.
La impopularidad resultante de estas medidas conlleva un costo político alto que se reflejará en el resultado de las elecciones presidenciales de 2023.
