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Los países latinoamericanos, al igual que las demás naciones emergentes, están teniendo que adecuar sus políticas públicas a las nuevas circunstancias de la economía mundial. La caída que han experimentado los precios internacionales de los commodities representa un choque externo significativo. La necesidad de asimilar ese impacto y amortiguar sus efectos pondrá a prueba la capacidad técnica de las autoridades económicas nacionales.
Teniendo en cuenta las diferencias en sus grados de vulnerabilidad, la intensidad de los ajustes requeridos es alta en algunos países del Cono Sur y el Caribe Insular, y moderada en México, Centroamérica y el Litoral Pacífico Suramericano. Argentina y Venezuela pueden considerarse casos especiales, habida cuenta de sus respectivas peculiaridades. En términos generales, América Latina enfrenta un año 2015 caracterizado por condiciones económicas adversas.
Si se exceptúa la reactivación observada en Estados Unidos, es poco lo que se puede esperar como estímulo externo: estancamiento en la Unión Europea y el Japón, y desaceleración económica en la China. Al efecto positivo sobre las exportaciones regionales del incremento en la demanda agregada norteamericana, se contrapone la perspectiva de que la Reserva Federal empiece a elevar las tasas de interés en el transcurso del año. Esa incertidumbre afecta los flujos de capital, contribuye a la volatilidad cambiaria y aumenta la aversión al riesgo por parte de los inversionistas.
Una conclusión que se desprende de las circunstancias externas mencionadas es que el margen de error en el manejo de la política económica se ha estrechado. La comunidad financiera internacional es ahora bastante menos comprensiva con la incompetencia gubernamental. Éste no es un momento adecuado para enemistarse con la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional o los organismos multilaterales de crédito. Los gobernantes de países altamente endeudados y en riesgo de caer en cesación de pagos deberían asignarle prioridad a tender puentes con las fuentes oficiales y privadas de financiamiento externo.
Los componentes macroeconómicos del ajuste necesario son conocidos. Su propósito debe ser eliminar las distorsiones existentes, si posible, o reducirlas en caso contrario. Es inevitable efectuar un recorte del gasto público, dada la disminución esperada de los ingresos fiscales. Debe evitarse la sobrevaluación cambiaria. La autoridad monetaria debe vigilar la solvencia del sector financiero y mantener una inflación baja y estable. Los resultados obtenidos por los bancos centrales independientes superan de lejos los de los bancos centrales subordinados a sus respectivos gobiernos.
Recobrar el equilibrio macroeconómico se dificulta cuando la manipulación gubernamental de los precios con fines electorales introduce distorsiones microeconómicas. La experiencia del Brasil ilustra los estragos que produce politizar el manejo de las empresas estatales y utilizarlas como instrumentos partidistas. Con el fin de rectificar los errores acumulados y evitar la pérdida del grado de inversión, se ha iniciado un drástico programa de ajuste fiscal que requiere actualizar las tarifas represadas de los servicios públicos. Según el economista André Lara Resende: “… tendremos cuatro años de un gobierno arrinconado y paralizado, frente a la peor crisis política y económica en décadas”.
