Poder político y banca central

La independencia del Banco de la República por mandato constitucional va a alcanzar  la mayoría de edad.  Ese hecho ha sido asimilado con naturalidad por el país.  Es un aspecto del ordenamiento institucional que goza de un amplio respaldo entre la sociedad. Constituye una garantía de seriedad para los agentes económicos.  Es algo que reconoce y valora la comunidad financiera internacional.

Si bien el esquema que rige en Colombia es el que se acostumbra en las naciones industrializadas, es poco frecuente en los países en vía de desarrollo.  Desde la antigüedad, el manejo de la moneda se identifica con el concepto de soberanía. El privilegio del príncipe para acuñar moneda en sus dominios se conocía como señoraje.  Ese privilegio ha sido heredado por quienes ejercen el poder político en una Nación-Estado.  Desprenderse voluntariamente de ese privilegio para permitirle a una entidad técnica ejercerlo de manera autónoma requiere un acto de auto-limitación por parte de los dirigentes políticos del respectivo país.

Esto describe lo que en una demostración de lucidez se decidió en Colombia en 1991.  Desde entonces se han ido creando, sobre la marcha, normas y procedimientos que regulan y formalizan los entendimientos entre gobierno y autoridad monetaria.  En la práctica, esa relación no suele estar exenta de cierta tensión dinámica.  Los banqueros centrales resienten pronunciamientos gubernamentales que puedan interpretarse como una ingerencia en su autonomía.  A los dirigentes políticos les incomoda aceptar que no controlan el manejo de variables críticas para el nivel de actividad económica.

La explicable preocupación gubernamental por los efectos de la crisis internacional ha dado lugar a un aparente distanciamiento con los responsables de la política monetaria.  No se trata de cuestiones de fondo. Que la economía experimenta un proceso de desaceleración, es algo que no se discute.  Acerca de la conveniencia de lograr un peso menos sobrevaluado y reducir la tasa de interés, parece haber acuerdo.  Las discrepancias hacen referencia a cuestiones de grado y a los ritmos a los cuales deberían hacerse los ajustes respectivos.

En parte, esto se explica por la sensibilidad del Emisor por proteger su bien merecida imagen.  Parafraseando lo que se afirma acerca de la honestidad, no basta con ser independiente;  también es aconsejable parecerlo.  

Y para ello, es necesario evitar dar la impresión de que la Junta Directiva del Banco toma decisiones en función de presiones políticas.  Dentro de ese orden de ideas, quizás hayan sido más explícitas de lo prudente las recientes sugerencias acerca de la política monetaria deseada por el Alto Gobierno.  La participación activa del ministro de Hacienda como miembro ex-officio y presidente de la Junta Directiva del Banco constituye un elemento de coordinación  gubernamental suficiente con la autoridad monetaria.   

No existe un manual de protocolo que permita conciliar en forma satisfactoria las inevitables discrepancias entre las partes, en aras de una adecuada coherencia macroeconómica.  Tal como sucede en otros contextos, el mantenimiento de la armonía requiere un mutuo despliegue de responsabilidad, buen juicio y madurez.