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La crisis originada en la quiebra de Lehman Brothers de 2008 hizo necesario adoptar medidas de emergencia en los países industrializados, cuyo objeto era evitar el colapso del sistema bancario internacional. Dado el origen financiero de la crisis, gran parte de la responsabilidad por responder a la misma recayó sobre los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa.
La magnitud del esfuerzo requerido para mantener abiertos los circuitos de crédito y amortiguar el impacto económico de la crisis implicó un nivel inusitado de protagonismo para los responsables de los principales bancos centrales. Al ponerse en evidencia el significado de la tarea encomendada a la política monetaria, las decisiones de los bancos centrales y las declaraciones de sus voceros adquirieron prominencia en los medios de comunicación y en el debate público.
En Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado durante su campaña electoral que no renovaría el mandato de la gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el 2018. Adicionalmente, sostiene que la decisión de la autoridad monetaria de mantener bajas la tasa de interés obedece a la presión de la Casa Blanca. Las compras masivas de valores del Banco Central Europeo ha suscitado críticas al gobernador del mismo, Mario Draghi, por parte de funcionarios de Alemania Federal. La imparcialidad del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha sido cuestionada por partidarios del Brexit, por haber advertido acerca de las consecuencias adversas que tendría para el Reino Unido retirarse de la Unión Europea.
A los bancos centrales de los países en vía de desarrollo les corresponde amortiguar los choques externos, mantener la estabilidad macroeconómica y ejerces funciones de supervisión y regulación del sistema financiero. El cumplimiento de esas responsabilidades no siempre coincide con las preferencias políticas de sus respectivos gobiernos. Así lo ilustran las experiencias de los bancos centrales de la India, Turquía y Nigeria.
En Colombia, la fortaleza institucional del Banco de la República, así como la calidad de sus cuadros técnicos le han permitido resistir los embates gubernamentales, tal como sucedió con la propuesta de ‘cambiarle la cartilla al Banco de la República’ en el 2002 y el intento de fijar la tasa de cambio por decreto en el 2004. El prestigio del Banco ha salido fortalecido de esos desencuentros.
La proximidad del posconflicto ha dado lugar a propuestas ingeniosas encaminadas a hacer caso omiso de la disciplina fiscal y monetaria. Al igual que las iniciativas de los arbitristas españoles del siglo XVII, esas propuestas conllevan el envilecimiento de la moneda. La adopción de esa estrategia por la monarquía española tuvo consecuencias desastrosas. Sin excepción, ha sido desastrosa la experiencia de los gobiernos latinoamericanos que han politizado sus bancos centrales para implementarla.
La Junta Directiva del Banco de la República se prepara designar el próximo Gerente. Es de esperar que el resultado de sus deliberaciones se inscriba dentro de los parámetros de rigor técnico, coherencia macroeconómica y responsabilidad que han caracterizado a una institución ejemplar.
